El intendente camporista de Hurlingham, Damián Selci, sigue adelante con el proyecto inmobiliario en el predio de la ex fábrica Rousselot, impulsado por la Asociación Civil 1 de Junio Esperanza, vinculada a La Cámpora. Sin embargo, los vecinos comenzaron a organizarse para frenar la iniciativa y están preparando amparos judiciales para exigir transparencia y explicaciones sobre las condiciones en las que se desarrollará la urbanización.

Uno de los principales cuestionamientos es el modelo de venta de las viviendas, que exige una entrada en dólares y pagos mensuales, un esquema ya utilizado en el barrio Mitre con antecedentes negativos: las casas tardaron más de 20 años en ser entregadas. Además, el predio arrastra un historial de contaminación por el tratamiento de cueros vacunos, lo que genera incertidumbre sobre la seguridad ambiental del suelo.

En paralelo, el Concejo Deliberante, con mayoría camporista, busca aprobar excepciones al Código de Ordenamiento Urbano de 2018, que fue creado para evitar este tipo de maniobras. A pesar de las advertencias del propio jefe de la agrupación política, Máximo Kirchner, durante la campaña electoral de Selci sobre los riesgos de habilitar torres de edificios, el gobierno municipal sigue adelante con proyectos inmobiliarios en distintos puntos de Hurlingham, en contra de la voluntad de los vecinos.

Ante este escenario, los habitantes del distrito decidieron judicializar su oposición al emprendimiento. A través de los amparos, buscan frenar el avance de la construcción y obligar al municipio a brindar respuestas claras sobre el impacto ambiental y las condiciones en las que se llevará a cabo el proyecto.