Como si fueran chicos a los que la maestra les tiene que prohibir el uso del teléfono dentro de las aulas para que trabajen, el gobernador Axel Kicillof tuvo que ponerse la gorra y ponerse a vigilantear a sus funcionarios por el uso de los celulares en el desempeño de los equipos entregados por el Estado a los funcionarios.

 El gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha este jueves un régimen de uso responsable de optimización de los Servicios de Comunicaciones Móviles, mediante el cual busca limitar el uso de teléfonos celulares por parte de la administración pública.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y tiene por objetivo "racionalizar y optimizar" la utilización de celulares en manos de los funcionarios para lograr el "máximo de eficiencia", monitoreando sus usos, estados, reparación y devolución con un grado de certeza mayor.

El Decreto 1.183/24 contempla la mejora del sistema de entrega y control de los teléfonos a los empleados públicos. Asimismo, plantea controlar "más minuciosamente su devolución, reposición, reparación y uso".

Asimismo, la medida estipula una serie de prohibiciones para la utilización de los celulares brindados por el Estado bonaerense a sus funcionarios y trabajadores de la función pública.

Por ejemplo, prohíbe "la utilización de servicios de comunicaciones móviles vinculados a programas de entretenimiento televisivos, ringtones y/o melodías, donaciones de cualquier índole y otras de similares características".

En cambio, el régimen habilita el uso de servicios de roaming de datos o discado directo internacional, pero solo para secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo con rango y jerarquía equivalente.

La fiscalización de las prohibiciones y habilitaciones dispuestas por la gestión de Kicillof estará, en ambos casos, en manos de la Dirección de Telecomunicaciones de la Provincia de Buenos Aires, que deberá renovar o dar de baja las licencias cada 30 días.

La medida se lee como parte de un plan de austeridad y para mejorar la eficiencia de los recursos estatales que muchos gobernadores están llevando adelante, en medio de los duros recortes a las provincias aplicados por la administración de Javier Milei.

Puntualmente, la gestión bonaerense le reclama a Nación deudas por 6,3 billones de pesos en distintos ítems, como subsidios al transporte, Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y cajas previsiones, entre otros.