El Gobierno nacional a cargo de Alberto Fernández vuelve a estar envuelto en una polémica relacionada con contrataciones. En las últimas horas se dio a conocer que Melani Machinea, hija del ex ministro de Economía, José Luis Machinea, quien fue presidente del Banco Central durante la hiperinflación de finales de los 80 y ministro de Economía durante el blindaje del FMI en 2001, vuelve a recibir dinero del Estado.

Su contrato fue autorizado expresamente por el procurador del Tesoro, Carlos Alberto Zannini. Vale destacar que la mujer ya había sido contratada en 2021 por el mismo tema.

Según publicó el Ejecutivo en el sitio de compras, Melani Machinea ha sido nuevamente contratada como "experta independiente con perfil financiero" para intervenir en la Procuración del Tesoro en el marco de la defensa de la República Argentina ante un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Webuild S.p.A. Por este contrato, recibirá la suma de 1.585.000 pesos de las arcas del Estado.

La contratación de Machinea ha generado gran controversia, especialmente por su vínculo familiar con el ex ministro de Economía y su historial en la gestión pública.

Durante su gestión como ministro de Economía en 1999, se realizaron quitas a las jubilaciones y se redujo el salario del personal estatal entre un 12 y un 15 por ciento. Además, es recordado por haber firmado el famoso "Blindaje" del FMI en 2001, en medio de una crisis económica que terminó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.

El pliego licitatorio de la contratación de Machinea indica que se trata de una experta independiente con perfil financiero, pero su vínculo familiar y su historial en la gestión pública ponen en duda su verdadera independencia y objetividad en su trabajo como contratada del Gobierno Nacional.

Una vez más, la ciudadanía se pregunta por qué se siguen haciendo contrataciones cuestionables y poco transparentes con el dinero de todos los argentinos. Es necesario que se tomen medidas para garantizar la transparencia y la legalidad en todas las contrataciones del Gobierno nacional.