Luego de que en la previa del partido entre Boca y Estudiantes de La Plata, los efectivos de seguridad encontraran armas de fuego en poseción de los barrabravas de "La Doce" que viajaban a Córdoba para presenciar el partido, las autoridades nacionales decidieron tomar cartas en el asunto y aplicar una sanción ejemplar.
El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó que quiere a Rafael Di Zeo fuera de las canchas para siempre, según publicó el medio Infobae. Por eso, en el Boletín Oficial que se publicó este martes, su nombre aparecerá en letra de molde en la resolución que impondrá derecho de admisión para 58 barras de Boca, pero con un agregado: el impedimento para ingresar a los estadios es por tiempo indeterminado.
Es la primera vez en la Argentina que se utiliza esa figura: Patricia Bullrich lo explicará en conferencia de prensa hoy a las 9.15 de la mañana. Ya le había aplicado prohibición a Di Zeo durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando le sacó la potestad a los clubes y el Ejecutivo se hizo cargo de restringir el acceso a los que consideraba indeseables y tuvieran un proceso judicial.
Pero entonces lo sancionó por cuatro años, medida que se renovó durante el mandato de Alberto Fernández como presidente hasta que el líder de La Doce terminó absuelto en las dos causas que tenía en Tribunales: como instigador de un doble homicidio en la interna en 2013 y por encubrimiento agravado. Apenas pasó eso pudo volver a las canchas, en abril de 2023. Pero ahora, Bullrich y el director de Seguridad Deportiva de la Nación, Franco Berlín, van por más: como lo consideran reincidente, le aplican una sanción inédita.
La medida fue publicada este martes a través de la Resolución 327/2024, donde el Gobierno aplicó la ’Restricción de Concurrencia Administrativa’ a todo evento deportivo en todo el territorio nacional para 58 personas, entre los que está incluido el líder de La Doce.
La medida traerá aparejada una respuesta judicial de Di Zeo, ya que su abogado Diego Storto planteó que es ilegal porque está imputado y no procesado, y la presunción de inocencia debería correr para todas las personas por igual, sea cual fuere el apellido. Además, la figura que se le aplicó divide aguas en Tribunales.
La fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, los imputó a todos por tenencia ilegal de arma de fuego compartida, que contempla pena de uno hasta seis años de prisión. Buena parte de la biblioteca dice que es imposible que 58 personas sean los dueños de las armas y que tendrá que descubrir a quién pertenecen para deslindar responsabilidades. Otros aseguran que si nadie se hace cargo, corre el delito para el resto. Se verá.
Por lo pronto se espera que Di Zeo presente una cautelar en la justicia nacional mientras intenta demostrar su inocencia en los tribunales cordobeses. Igual en el Ministerio dicen que no darán marcha atrás. “Durante la gestión de Patricia en el gobierno de Macri, todos los barras de Boca fueron a la Justicia con el mismo argumento y perdieron. No vemos por qué ahora los magistrados cambiarían de opinión”, argumentan con optimismo.
Y sobre las declaraciones del líder de La Doce sobre que todo fue armado para perjudicarlo, el que responde es Berlín. “Es un disparate. Él no tenía impedimento para ingresar a ningún estadio y venía prolijo, por lo que no había motivos para ponerle ninguna restricción. Es más, lideró a la barra en el Superclásico que se jugó en Córdoba sin problemas. A nosotros que se llame Di Zeo o Álvarez nos da lo mismo. El tema es que contra Estudiantes, en la requisa que hicimos con Gendarmería y la Policía provincial, apareció ese arsenal. Y el programa Traslado Seguro que implementamos es para impedir que eso ocurra. Mirá si pasaban con las armas y las utilizaban, hubiera sido un desastre. Además llevamos más de 78 admisiones de distintos equipos en este tiempo y de Boca es la primera vez. Si el micro estaba limpio, no hubiese ocurrido nada”.
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