En un escándalo que pone nuevamente bajo la lupa la relación entre las fuerzas de seguridad, funcionarios municipales y actores políticos, se presentó una denuncia formal contra el Comando de Patrulla de Berisso y la Jefatura de Estación de Policía de Berisso, señalando a los comisarios (uno de ellos Leonardo Gallo) por su presunta complicidad en un operativo destinado a apoderarse ilegalmente de terrenos en la playa Palo Blanco.

Según lo informado por la denunciante, Gabriela Daiana Ramallo Serrano, el hecho se remonta al 29 de octubre, cuando maquinaria pesada, custodiada por funcionarios municipales y efectivos policiales, irrumpió en la zona para demoler estructuras, lo que los vecinos calificaron como un intento flagrante de desalojo encubierto.  

La situación tomó un giro más controvertido el día anterior, 28 de octubre, cuando el secretario de Seguridad del municipio, Federico Ruíz, acompañado por la policía, realizó un allanamiento en el lugar bajo una orden emitida por la UFI 3, supuestamente relacionada con el robo de cuatro ruedas de un tráiler.

El procedimiento resultó negativo, pero derivó en la detención de Ramallo por tenencia de armas, a pesar de que, según los testigos, estas fueron entregadas voluntariamente tras una inspección exhaustiva que incluyó la destrucción de mobiliario. La causa, ahora bajo la UFI 15, aún no ha avanzado en los peritajes correspondientes.  

Los vecinos y familiares de Ramallo denuncian que la acusación por robo y la posterior detención fueron una estrategia deliberada para desplazarlo del lugar y allanar el camino para que los funcionarios municipales tomen posesión del terreno.  

Este caso también llegó al Concejo Deliberante de Berisso, donde la concejal Mariana Astorga presentó un pedido de informe para esclarecer los hechos. A pesar de haber sido aprobado por unanimidad, las autoridades municipales no cumplieron con el plazo establecido de 72 horas para responder.  

La denuncia presentada el 25 de noviembre amplía la acusación inicial interpuesta el 22 de noviembre en la UFI 1, a cargo de la doctora Ana Medina, bajo la causa identificada como PP 06-067961-24/00. La misma apunta a un entramado de corrupción y connivencia que involucra al intendente Fabián Cagliardi y altos mandos policiales, presuntamente relacionados con negocios inmobiliarios de gran escala.

En un clima de creciente descontento, los vecinos exigen respuestas claras y acciones contundentes contra lo que describen como un modelo sistemático de abuso de poder en Berisso.