Siempre al servicio del poder y de los negocios turbios, el Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA, Gonzalo Segundo Rúa, no solo es tristemente célebre por condenar a 25 días de prisión en suspenso al Director de NOVA, Mario Casalongue, por el solo hecho de difundir información sobre el entorno presidencial, sino que arrastraría un oscuro pasado plagado de irregularidades en su actuación como magistrado.

El claro ataque a la libertad de expresión de Rúa fue apenas el corolario de una historia que comenzó muchos tiempo atrás cuando de la mano de las mafias judiciales comandadas por Daniel Angelici, el juez se sumó a la puesta en marcha de un mecanismo que garantizarían los negocios del poder.

Como botón de muestra sirve la denuncia que viene arrastrando el abogado Jorge Raúl Césaro quien sufrió una brutal persecución judicial y hasta un secuestro para despojarlo de una empresa de salud de la que era titular, todo con la complicidad del magistrado que no solo avaló procesos irregulares, sino que se negó a aceptar pruebas y a incluir las declaraciones que solicitó la defensa.

Todo comenzó cuando mediante supuestas maniobras de aprietes y extorsiones, una banda vinculada a narcopolicías se hizo con el control de un geriátrico que tenía a Cesaro como uno de sus propietarios, que intentó resistir a pesar de la huida del directorio en medio de las maniobras de presión ejercidas por este grupo.

Fue justamente para sacar al dueño del medio que se desarrolló un brutal armado de causas, acusando a Cesaro de robar historias clínicas, expedientes y hasta balances de su propia empresa, e incluso llegó a ser secuestrado en una fraudulenta maniobra policial que nunca se ajustó a derecho y que fue realizada con el juez y el fiscal mirando para otro lado.

Cuando el expediente finalmente llego a la etapa de audiencias, Gonzalo Rúa mostro los dientes y de manera insólita se negó a incorporar las pruebas que aportó la defensa y rechazó las denuncias que se presentaron por el robo de documentación y otros elementos que estaban en poder del legítimo dueño del geriátrico.

Vale remarcar que además durante el proceso perdieron la vida 12 pacientes del geriátrico que no pudieron recibir la correcta atención atento que la justicia le entregó el control de la firma a un grupo de "usurpadores" que no tenía capacidad para gestionar de forma cotidiana ese establecimiento, lo que se terminó de comprobar cuando en plena crisis del Covid-19, se supo que el mismo grupo obligó a ir a trabajar con "síntomas" al personal del "Apart Inca", otra de sus residencias geriátricas, provocando 36 contagios y la muerte de 10 abuelos.

La causa sigue, pero el juez ha logrado adaptarse a los tiempos que corren y devolviendo favores no solo a sectores del macrismo, sino también al Frente de Todos, más concretamente al primer mandatario, se garantiza impunidad para el desarrollo de sus negocios, aunque el costo sea la libertad de expresión.