Gregorio Dalbón, abogado de Alberto Fernández, criticó con una dureza nunca vista a los responsables de la causa penal por la violación de la cuarentena en la quinta de Olivos, el año pasado, durante el cumpleaños de la primera dama. El fiscal es Ramiro González y el juez, Sebastián Casanello.

“Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé”, dijo Dalbón la semana pasada. El abogado se presenta como asesor legal de Fernández en esta causa y cuenta que acordó con él la estrategia a seguir, pese a que no está designado formalmente en el expediente (a diferencia de otros casos en los que Fernández sí lo nombró su representante legal, en este el Presidente se presentó sin defensor). “Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro?”, afirmó Dalbón en referencia al fiscal.

 “Yo sé que la colectividad judía lo coimeó”, agregó, pero en un intento por eludir represalias legales, atenuó su declaración: “Para que no haya ninguna historia voy a decir ‘podría haberlo coimeado’, ¿quedamos así?” Sin embargo, rápidamente volvió a acusar a González: “Yo se quiénes son los operadores que le llevan y le traen la plata”.

“Que me venga un fiscal de primera instancia a hacerse como el capo de la mafia... ¡que se atreva! Si lo llaman a Alberto Fernández, se presentará, estamos a disposición de la Justicia, pero no le vamos a poner un peso”, dijo.

En ese contexto, desde la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y, de acuerdo a sus dichos, solicitaron que se investigue y se llame a declarar a él, a Alberto Fernández, a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y su abogado, Carlos Beraldi. Así como también los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Mena y a Martin Soria (a quienes se les ordenó el nuevo proyecto de la Justicia Federal), para que informen quiénes son los jueces y fiscales corruptos y, si hay un delito, que procedan en consecuencia.

“Suponemos que el presidencial, su representante, y otros funcionarios del Ejecutivo están en conocimiento de algo que ni la ciudadanía ni la justicia sabe, ello es la posible red de corrupción estructural en Comodoro Py, la que involucra sin decirlo a magistrados de todas las Cámaras y en particular al Ministerio Público Fiscal, más que importante que en sede federal amplié y brinde datos para desenmascarar a los funcionarios desleales, si los hubiese”, remarcaron en la denuncia.

La misma fue presentada ante la Justicia y por sorteo será investigada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9.