Este miércoles, distintas organizaciones nucleadas en torno al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros colectivos se manifestaron en las afueras de la Quinta de Olivos, en reclamo contra las políticas de ajuste que pretende aplicar el Gobierno de Javier Milei.

En el marco de la propuesta, que se replicó en otros puntos del país, los representantes entregaron un petitorio en la residencia presidencial donde solicitan que se actualicen los aranceles de prestaciones y del transporte del sector.

El conflicto surge luego de que el sector rechazara el 32 por ciento de incremento al sistema de prestaciones, ofrecido por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), montó que consideraron insuficiente.

"El Foro Permanente de Discapacidad, representante de escuelas especiales, centros de día, Centro Educativo Terapéutico, hogares, transportes, estimulación temprana, apoyo a inclusión educativa, rehabilitación, entre otros, están enfrentando una grave situación de emergencia en la atención a personas con discapacidad que provocó cierres de muchas instituciones históricas y lleva a tomar estas medidas de movilización junto con el colectivo de familias, usuarios, profesionales e instituciones", declaró a la agencia estatal Télam Eduardo Maidana, representante del Foro.

La movilización tuvo lugar alrededor de las 9.30 de la mañana, aunque el Presidente se encuentra en Israel, por lo que el petitorio no le fue entregado personalmente. El documento hace referencia a la situación del sector en cuanto a materia de transporte, "que hace inviable seguir prestando el servicio durante este año, en razón de la inflación anual de 220 por ciento mientras se dieron un aumento de 120 para los aranceles".

"Los últimos aumentos de Andis son de un 10 porcentual en noviembre del año pasado, ahora un 20 para enero y un 10 por ciento en febrero que será cobrado para afrontar las responsabilidades económicas en el mes de abril y mayo de este año", añadieron.

La situación se repite en todas las instituciones del país, sostuvieron, ya que "las obras sociales nacionales tienen una demora entre 60 y 90 días con lo cual, cuando recibimos los pagos estamos totalmente desactualizados y mantener el funcionamiento de las instituciones es prácticamente imposible, lo cual vulnera los derechos de las personas con discapacidad".