Anna Paula Curi, de 22 años, lleva una década esperando justicia tras denunciar a su padre y a su tío por abuso sexual. La joven asegura que la influencia político-judicial de los acusados ha retardado el proceso. "El tiempo que perdí no lo voy a recuperar, pero quiero que vayan presos y reciban una pena justa", afirmó.
Un largo camino hacia la justicia
Cuando Anna Paula tenía 11 años, denunció a su padre Raúl Alejandro Amadey y a su tío Pablo Nicolás González por abuso sexual. Tuvieron que pasar 10 años, 12 jueces y múltiples audiencias para que finalmente se confirmaran los procesamientos de los acusados. "La connivencia entre jueces y abogados ha sido evidente", sostiene Anna, quien se convirtió en la primera menor en ser querellante de su propia causa.
El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santiago del Estero confirmó los procesamientos por "abuso sexual con acceso carnal agravado" y "promoción y facilitación de la corrupción de menores". Sin embargo, ambos acusados permanecen en libertad gracias a un pedido de eximición de prisión aceptado al inicio del proceso. "No estuvieron ni 10 minutos detenidos", lamenta la joven.
Una denuncia que llevó más de una década
La historia comenzó en 2014 cuando Moira Curi, madre de Anna Paula y reconocida abogada, descubrió indicios del abuso tras revisar la computadora de su hija. Pese a presentar pruebas, la jueza inicial, Rosa Falco, no dio lugar a las medidas solicitadas, y el caso se cayó. A lo largo de los años, pasaron numerosos jueces por la causa, hasta que finalmente recayó en el juez de Garantías, Fernando Paradelo.
En 2017, una pericia en Cámara Gesell reveló que Anna Paula también podría haber sido abusada por su padre, quien hasta entonces había sido considerado un "padre ideal" por su madre. Esto llevó a la apertura de una causa paralela que eventualmente fue unificada con la original.
Anna Paula y su madre recorrieron casi mil kilómetros hasta Buenos Aires para dar a conocer su historia y romper el cerco mediático. "Nos trataron de locas y de esquizofrénicas por hablar del tema", dice Anna, quien ahora estudia abogacía. Su madre, Moira, ha sido una defensora incansable en su búsqueda de justicia, acompañada por la abogada Carolina Vargas, quien denuncia una fuerte connivencia político-judicial en Santiago del Estero.
Amadey, uno de los acusados, es sobrino del intendente de Campo Gallo, Amado Tomás Chamorro, una figura influyente en la política local. Esta conexión ha sido señalada como una de las razones detrás de la dilación del proceso judicial.
"Espero que este caso siente un precedente para otras víctimas, para que se animen a hablar sin tener que pasar por el mismo calvario", expresó Anna Paula. La joven y su familia siguen luchando por un juicio justo y una condena ejemplar para los acusados, esperando que su caso ayude a exponer y corregir las fallas del sistema judicial en su provincia.