La gestión de Damián Selci en Hurlingham suma un nuevo hecho de corrupción que pone en el centro de la escena a Facundo Pérez, secretario de Gobierno del Municipio. Según denuncias recientes, Pérez maneja la pauta oficial con pagos en negro a periodistas afines, garantizando una cobertura favorable para el oficialismo y silenciando voces críticas. Pero el problema no termina ahí: la investigación judicial ya contaría con grabaciones que revelarían el pago de sobornos a concejales camporistas para aprobar desarrollos inmobiliarios que violan el Código de Ordenamiento Urbano del distrito.

Las coimas, que oscilarían entre 5000 y 10000 dólares por cada uno de los concejales de la bancada oficialista de La Cámpora, estarían vinculadas a proyectos inmobiliarios impulsados por la agrupación política en el distrito. Uno de los casos más emblemáticos es el del predio de la ex fábrica Rousselot, donde se planea construir viviendas a través de la Asociación Civil 1 de Junio Esperanza, una entidad ligada directamente a la organización política del intendente. Además, el Concejo Deliberante, con mayoría camporista, avanza con excepciones al Código de Ordenamiento Urbano para permitir la construcción de torres en Hurlingham Club, la Avenida Gorriti y la zona de 5 Esquinas y Vergara; con un fuerte rechazo de los vecinos.

El accionar de Pérez no es una novedad en la política local. Conocido como el "monje negro" de la gestión, opera en las sombras controlando las decisiones más sensibles de la intendencia y articulando negociaciones con empresarios y proveedores. Su poder es tal que impone medidas extremas en su oficina del segundo piso de la municipalidad, donde obliga a quienes lo visitan a dejar sus celulares afuera para evitar registros comprometedores.

Este escándalo no solo golpea a Pérez, sino que también salpica al intendente Selci y a su principal respaldo político, Martín Rodríguez, diputado provincial y jefe de La Cámpora en el distrito. Rodríguez es señalado como el verdadero poder detrás de la gestión de Selci y la pieza clave en el armado de estas maniobras. Con antecedentes de negociados inmobiliarios y excepciones al Código de Ordenamiento Urbano concedidas a medida de ciertos desarrolladores, la pregunta es si la justicia llegará hasta el fondo del entramado de corrupción o si, como en tantas otras oportunidades, los responsables lograrán salir impunes.