El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, cosechó un inesperado traspié judicial la última semana, luego de que un fiscal de La Plata pidiera la elevación a juicio por una causa de corrupción que habría cometido cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires.
El caso alcanzó también a su entonces jefe de Gabinete, Alberto Pérez, al exministro de Salud, Alejandro Collia, además de cuatro decenas de exfuncionarios y empleados públicos y contratistas del Estado, varios de ellos socios o íntimos de los acusados.
El fiscal Álvaro Garganta solicitó juicio oral contra Daniel Scioli por su gestión como gobernador (2007-2015) por los delitos de negocios incompatibles de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, y dádivas #GobiernoCorruptoyMentiroso https://t.co/iMn3ibRXQW pic.twitter.com/CvGhMZeZDx
— Funes Beto 🇦🇷 (@funesbeto) January 12, 2023
Según el pedido de elevación a juicio solicitado por el fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 11, se dio por acreditado mediante pruebas fehacientes que Scioli habría adjudicado de manera irregular la realización de 13 obras a una empresa cuyo presidente mantenía una estrecha relación personal.
Dichas obras tenían que ver con la realización desde cero de las Unidades de Pronta Atención (UPA) que están distribuídas en el territorio bonaerense, así como también la ampliación de varias de ellas con el paso de los años. Estos hechos de corrupción se habrían dado entre el 2011 y el 2015.
El funcionario y parte de su Gabinete están imputados por Negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo.
Tal como se detalla en el pedido de elevación a juicio al que tuvo acceso este medio, las obras de construcción y ampliación le fueron adjudicadas “todas en favor de la empresa Miller Building International S.A., con motivo de la relación personal y comercial que el gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario y, además, por las dádivas que el primer mandatario percibía de éste por su rol”.
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Para estas licitaciones, el gobernador dispuso un presupuesto total de 190 millones de pesos, entre las obras iniciadas desde cero, hasta las ampliaciones.
Los imputados
Alejandro Federico Collia, subsecretario de Coordinación y Atención de la Salud, (viceministro) del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, lo acusan de haber participado en calidad de autor en la negociación incompatible del hecho; y de instigador de la negociación incompatible.
Daniel Osvaldo Scioli, actual embajador de Argentina en Brasil, aseguran que ha participado en calidad de instigador de la negociación incompatible en los hechos y de autor del tráfico de influencias pasivo.
También quedó imputado el contador Gerardo Daniel Perez, a quien acusan que ha participado en calidad de autor en la negociación incompatible; además Ana Beatriz Priolo, ex subsecretaria Administrativo del Ministerio de Salud, quien participó presuntamente en calidad de autora en la negociación incompatible por el otorgamiento de una obra pública, junto con Matías Alcalde.
El empresario Ricardo Miller, a quienes sindican como “el Lázaro Báez de Scioli”, está sindicado como partícipe necesario en la negociación incompatible, y de autor del tráfico de influencias activo. Ganó todas las licitaciones a las que se presentó entre 2012 y 2015, remarcó Garganta, cuando nunca había hecho una obra pública hasta que Scioli gobernó la provincia.
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