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San Miguel: los trucos del "rey de las tarjetas truchas" que pasó años prófugo

Juan Pernín fue arrestado por orden de la fiscal Andrea Andoniades en medio de una ola de allanamientos contra grupos dedicados a las estafas online.
Juan Pernín fue arrestado por orden de la fiscal Andrea Andoniades en medio de una ola de allanamientos contra grupos dedicados a las estafas online.

Trece fiscales ordenaron 62 redadas a la Policía Bonaerense en un golpe coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires contra diversos grupos dedicados a las estafas online, cuenteros y sopladatos dedicados a desvalijar cuentas bancarias y apoderarse de perfiles de WhatsApp, jugadores del delito de mayor crecimiento en la Argentina en los últimos años.

Ocurrió este miércoles y hubo 11 detenidos con pedido de captura previo, 18 aprehendidos, con la intervención de la Secretaria de Política Criminal de la Procuración.

Se calcula que los imputados, varios grupos sin relación entre sí, provocaron un daño mayor a 50 millones de pesos. Cayeron en Junín, La Plata, Pergamino, Trenque Lauquen, Necochea.

Los presos también juegan. Cuatro cárceles provinciales fueron allanadas. Se encontraron cosas interesantes en los procedimientos, como una granja de placas para minar criptomonedas, una figura que se repite cada vez más en el hampa. Y entre todos los involucrados, hubo uno que sobresalió.

Juan Pernín es un informático de 42 años con domicilio fiscal en una galería comercial del centro de San Miguel. Tuvo varios trabajos en blanco en las últimas dos décadas, en supermercados mayoristas, sindicatos, empresas dedicadas a la educación.

La Sub DDI de San Miguel entró por la fuerza a su casa en un barrio periférico de Moreno donde vivía con su concubina, Tamara Ziermoly, experta en reparar celulares.

Una denuncia de Mercado Libre por compras desconocidas por usuarios había llevado a la Justicia hasta él. La denuncia fue investigada por la fiscal Andrea Andoniades, de la UFI especializada en ciberdelitos de la jurisdicción de San Martín, un daño calculado en 9 millones de pesos. Sin embargo, la denuncia tenía algo distinto a la norma en ciberdelitos. Había tarjetas físicas involucradas.

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