El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, se encuentra en la agenda pública de los ciudadanos tras una pasada denuncia civil y penal por “daños y perjuicios producto de un aparente acoso y abuso sexual”, por una ex empleada.

Se trata de Ágata Gallardón, quién exigió recibir una compensación económica superior a 6 millones de pesos. Sin embargo, las influencias del jefe comunal han hecho que la causa terminara archivada, de momento.

La acusación deriva de una presentación ante el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial en la ciudad de La Plata referenciada con el número 58407-2019. Ágata Maite Gallardón, nacida en la ciudad de La Plata, se comprometió a acudir al fuero penal para complementar la presentación, pero todo en la nada.

Según Gallardón, a partir de que comenzó a desempeñarse en el año 2013 en carácter de secretaria en la oficina de Moccero, que recientemente había asumido como diputado provincial por el entonces Frente para la Victoria (FpV), fueron “insistentes las insinuaciones e improperios” lanzados por el entonces legislador, de forma personal o virtual, que fueron en aumento hasta llegar a solicitarle fotos de sus parte intimas por WhatsApp.

Asimismo, según consta en la denuncia, Moccero no solo habría intentado persuadirla con la posibilidad de ofrecerle dinero para tener relaciones sexuales sino que también habría comenzado a interesarse por conocer amigas de Gallardón con la intención de avanzar hacia la concreción de “sexo pago”.

Este episodio derivaría en un hecho que data del año 2016, situado en un ascensor de la Legislatura bonaerense en la que Moccero habría besado a la joven a la fuerza. La demandante aseguró que luego del suceso comenzó a experimentar distintas patología como ataques de pánicos, fobias, mareos y hasta vómitos asociadas a la situación de acoso experimentada, que pusieron en crisis su salud física y mental y llevó a la joven a un importante gasto en medicamentos y especialistas.

Ágata declaró que también sufría permanentes amenazas de parte de Moccero que involucraban el acabar con sus servicios sino se sometía a sus pedidos, incluso le exigió que regrese al país durante sus vacaciones en Brasil en el año 2016 advirtiendo un posible despido.

Luego de que Gallardón pidiera una carpeta médica con el objetivo de descansar de la situación de acoso a la que se encontraba expuesta y de cara a las elecciones legislativas del año 2017, Moccero le habría notificado que prescindía de su contrato alegando el  argumento de que la campaña de ese año la estaba costeando de su propio bolsillo, y que le era imprescindible contar con ese contrato además de desestimar la promesa de gestionar la probabilidad de una fuente de trabajo en la oficina de otro legislador al expirar su mandato.

La presentación en 2019 de una demanda civil contra Moccero que fue elevada al abogado Roberto Benítez que ejerció los oficios de mediador, pero se llegó a un acuerdo entre ambas partes por las disidencias irreconciliables.

La causa fue caratulada “Proceso Judicial en lo Civil y Comercial de Ágata Maite Gallardón contra Ricardo Alejo Moccero por daños y perjuicios extra contractual derivados del acoso y abuso sexual”, y lleva el número de expediente 58407- 2019.

La demanda consta de 77 páginas donde además de la declaración de la joven, contiene la prueba que consiste en 89 capturas de pantalla y actuarían como material respaldatorio de lo declarado por la denunciante.

La demanda solicita un resarcimiento a Moccero de 6.632.800 pesos por los daños y perjuicios ocasionados fruto de la crisis de salud física y mental de Gallardón, además de los gastos producto de la compra de medicinas y consultas a profesionales en psiquiatría y psicología. ¿Se destrabará?