Un total de 87 personas -77 mayores y 10 menores de edad- fueron rescatadas de un centro ilegal de rehabilitación de adicciones en la localidad bonaerense de La Reja por el personal antitrata de la Policía Federal Argentina (PFA), que detuvo a tres hombres como sospechosos de mantener privados de su libertad a las víctimas, a quienes aplicaban castigos corporales, torturas y ataduras, informó hoy esa fuerza.

Las detenciones se produjeron en el marco del allanamiento realizado en la tarde del pasado sábado en el centro de adicciones “Los Valientes” del partido bonaerense de Moreno bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 8 del Departamento Judicial de Moreno a cargo de Gabriel López.

Personal del Ministerio de Salud había realizado en los días previos una inspección que dio cuenta de un “dantesco” panorama en el lugar, que no poseía habilitación.

"Los internos estaban en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, encierro y privación de la libertad; los tenían encerrados bajo llave y puertas enrejadas, con aguas servidas en los patios de recreación, baños tapados y paredes con humedad. Solo tres profesionales acudían para esa gran cantidad de pacientes, no había médico o psicólogo para realizar seguimiento de los tratamientos”, indicó la PFA en un comunicado.

Además, señaló que se encontró "a un joven menor de edad, atado en el interior de un gallinero".

"Ante este escenario escalofriante, efectuaron un informe para la Fiscalía Interventora”, explicó el comunicado.

Junto con el personal de la PFA, ingresaron al lugar profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quienes entrevistaron en forma separada a los menores de edad, y en forma aleatoria a los mayores, quienes manifestaron el deseo de retirarse del lugar.

En varias de las entrevistas, las personas rescatadas indicaron que eran sometidas a castigos corporales –como golpes, cortes y ataduras-, sufrían hambre, sed y hasta torturas, dado que algunos refirieron que “eran atados y sumergidos en una pileta de agua a modo de castigo correctivo”.

Atento a esta situación, el fiscal ordenó al personal del Departamento antitrata el traslado de varias víctimas hasta la sede judicial, donde en la madrugada de ayer se les recibió declaración testimonial.

A partir de la prueba recolectada, se determinaron acciones compatibles con torturas a modo de castigos, siendo sometidos a atadura, sumersiones y vejaciones, existiendo una jerarquización de mandos de sus ejecutores, según el comunicado de la PFA.

Los jóvenes rescatados, que tenían una problemática de consumo de sustancias, indicaron que los familiares solo podían verlos cada 21 días, y que cuando lo hacían debían estar acompañados por alguno de los coordinadores del lugar, quien controlaba sus conversaciones.