Desde que el Gobierno nacional a cargo del presidente Alberto Fernández asumió allá por el 2019, miles de millones de pesos han sido derrochados en múltiples gastos “oficiales”, muchos de ellos totalmente innecesarios. No es una novedad que el Estado utilice sus fondos para realizar compras a terceros, lo que llama la atención y se vuelve un verdadero escándalo es el hecho de que le están comprando a una proveedora floja de papeles, la cual ya ganó más de 2.800 compulsas en lo que va de la gestión.

Se trata de María Eleonor Rosana Pollero (Cuit 27-16910912-0) quien registra una infinidad de actividades comerciales en AFIP, pero la cual no debería estar habilitada para ofertar sus productos y servicios, ya que posee un embargo del Estado y se encuentra en juicio por evasión fiscal.

La empresa está radicada legalmente en calle Castelli 1483, localidad de Bahía Blanca. Llamativamente, el lugar es una vivienda particular, distando mucho de lo factura anualmente. Es una de las firmas con más licitaciones ganadas: un total de 2851 compulsas adjudicadas en sólo tres años, desde el 2019 hasta octubre del 2022. Los organismos que frecuentemente recurren a sus servicios son Presidencia, la Dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Salud, el Estado Mayor General del Ejército, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INADI, el Servicio Penitenciario Nacional, los Ministerios de Defensa y Seguridad Nacional, Economía, Gendarmería, y la lista sigue. (Se puede acceder a la lista completa haciendo click en el siguiente link https://acortar.link/LO183f).

¿Testaferro?

Pollero tiene de consumo de tarjeta de crédito 673 mil pesos con el plástico del Banco de la Nación Argentina y ante la AFIP como persona física autónoma, inscripta en una infinidad de actividades a su nombre. Ellas son por venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón, artículos de uso doméstico y personal; reparación de vehículos automotores y motocicletas; máquinas y equipo de control y seguridad; venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales; de productos textiles; artículos de ferretería y materiales eléctricos; cría de ganado bovino, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

También la venta al por mayor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos (incluye venta de vaporizadores, nebulizadores, masajeadores, termómetros, prótesis, muletas, plantillas calzado ortopédico y otros artículos similares de uso personal o doméstico); También venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores; y muebles e instalaciones para oficinas.

Pollero tiene ingresos de 25 mil pesos para pagar la jubilación, un verdadero escándalo, ya que gana licitaciones, inscripta en el registro como proveedora cárnica y demás.

La mujer privilegiada no registra facturación ni balances promedios, desde el 2012 a la fecha. Tiene un juicio por evasión impositiva que le clavó la AFIP desde el 2017 hasta la actualidad, donde se le solicitó el embargo. Además, en ese mismo año, tuvo otro juicio por evasión fiscal y una deuda ante ARBA en instancia prejudicial de categoría 3. De esta manera, Pollero no debería ser proveedor del Estado ya que, tal como marca la ley, no se puede inscribir como tal teniendo un embargo por parte del fisco nacional, tanto por deuda como por proceso judicial.

Antecedentes

Vale destacar que, en el 2021, se presentó en una licitación para la adquisición de reactivos de transferencia de vacunas Sputnik, la cual fue la más cara, por 3 millones de pesos.

En cuanto a la Comisión Nacional del Transporte Automotor, se llama a licitación en un expediente del año 2021, y la respuesta que le dieron fue totalmente negativa porque "resulta inadmisible formalmente, ya que no ha dado cumplimiento a lo solicitado en el artículo 4.3.4".

Pollero quedó envuelta en una compra con sobreprecio en octubre del 2020, luego de que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, a cargo de Gustavo Darío Morón, adquirió una retahíla de máquinas destructoras de papel. La licitación se hizo mediante contratación directa por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones de ese organismo.

De las 8 máquinas, tres fueron compradas a Rosana María Leonor Pollero y, al menos una de ellas, presenta precios por encima del que puede conseguirse en el mercado. La destructora de papel de alta capacidad marca Dasa modelo 4040, aparece pagada con un valor de 448.558 pesos.

Lo mismo sucedió el pasado 7 de septiembre del 2020, cuando la Dirección Nacional de Vialidad de la provincia de Mendoza a cargo de Osvaldo Romagnoli adquirió una serie de medidores de distancia tipo laser.

Entre los distintos licitatorios aparece una persona de nombre Rosana María Leonor Pollero a quien se le adjudicó la compra de “medidor de distancias laser marca Bosch modelo GLM 120”.

La adquisición de tres de estos productos se hizo mediante contratación directa por un monto total de 359.964 pesos. Es decir que el precio unitario abonado es de 119.988 pesos. Resulta, sin embargo, que en el mercado este artículo cuesta 34.999 pesos por lo que se pagó por la compra un sobreprecio del 242,83%