El presidente de la Confederación Económica (CEPBA), Guillermo Siro volvió a cuestionar la ley de ampliación de indemnizaciones por despidos en la provincia de Buenos Aires, debido a posibles consecuencias negativas en las relaciones laborales y en la economía y resaltó que “se decreta de esta manera un masivo éxodo de pymes, comercios e inversiones hacia otros distritos donde el costo judicial de tener empleados sea propio del sentido común”.
En recientes declaraciones periodísticas, Siro ironizó con que “van a tener un problema los productores rurales porque no pueden movilizar sus cultivos en tierras bonaerenses, pero en los demás rubros la desinversión por este astronómico aumento en las indemnizaciones laborales es el nuevo gran capítulo de una novela donde se castiga al que fomenta el empleo directo o indirecto con sus pymes y comercios”.
Comunicado de @Cepba "Las pymes corren peligro por la suba de indemnizaciones y por la noche adhesión al RIGI" pic.twitter.com/PMIclXfpeP
— CEPBA (@Cepba) August 6, 2024
De esta manera, Siro salió al cruce del proyecto de modificación del artículo 48 del código de procedimiento laboral que, incrementa notablemente la actualización de indemnizaciones en su fase de sentencia judicial.
“No sólo pasa por los altos montos –dijo Siro-, sino porque es realmente un proyecto que genera un mapa desproporcionado en el que la provincia de Buenos Aires fija en más de un setecientos por ciento los montos indemnizatorios respecto de otros distritos como Ciudad Autónoma, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos”.
El dirigente empresario preguntó: “imagínense, en un contexto en el que se habla de promover inversiones, adonde irán los nuevos proyectos de desarrollos empresarios sea para instalar nuevos emprendimientos o para habilitar nuevas plantas”.
“Este es un proyecto que cuenta con media sanción de diputados, en el cual sólo se ha consultado formalmente al sector de los trabajadores y al Estado y jamás a las organizaciones empresarias que apenas pudimos dialogar con algunos legisladores de manera informal o enviando cartas a todos los bloques e, inclusive, a la vicegobernadora Verónica Magario”, resumió Siro.
Asimismo remarcó que la iniciativa “se asemeja a alguna estrategia de la patria judicial de muchos profesionales que quieren incrementar sus honorarios y los costos judiciales”.