Tras el anuncio del presidente Javier Milei donde indicó que firmará un decreto para eliminar "las cajas negras de la política", como llama a los fondos fiduciarios, herramienta que habilita la transferencia de activos para el financiamiento de obras y proyectos, trascendió la denuncia penal contra Juan Grabois por parte del fiscal marplatense Juan Manuel Pettigiani, cuestiona el uso del fideicomiso para la creación de nuevos barrios en "La Feliz".

En la actualidad funcionan 29 fideicomisos con un presupuesto que oscila entre 8 y 10 mil millones de dólares. Según el Gobierno nacional, representa dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI).

A partir de esta declaración, el fiscal Pettigiani presentó una denuncia penal por delito de acción pública para que se investigue el funcionamiento del fondo destinado a las víctimas de Trata, según lo establecido por la Ley 27.508, donde menciona: "En lo que concierne a Mar del Plata, de las víctimas por delito de trata con sentencia firme en esta jurisdicción, ninguna fue reparada mediante el fondo fiduciario desde su creación, así como tampoco se han rendido cuentas de la administración de los bienes dados en custodia por los titulares de la AABE".

En esta oportunidad, la nueva denuncia contra Juan Grabois donde expresó: "Delitos de acción pública, por el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y defraudación al Fondo fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), artículos 82 Ley 24.441 y 13 de la 27453, entre otros delitos de acción pública que podrían surgir con el devenir de la investigación y que vuestro superior criterio podrá determinar".

En la misma, agregó que "no se hicieron las obras en el barrio los Laureles de Lujan, pese a un anticipo financiero de 120 millones de pesos", firma de la que era responsable Facundo Schaab y donde Juan Grabois fue parte como responsable de la UTEP, "porque sin él no puede entenderse ni habría podido concretarse, toda la arquitectura política que permitiera el fraude expuesto, comenzando por la designación de la señora Ramona Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana, y continuando con la enorme designación de fondos al Municipio de Luján, y a integrantes de la agrupación que preside en el mismo distrito".

Tras ampliar la información aportada, el fiscal local solicitó "que se determine la responsabilidad de todos aquellos intervinientes en los hechos expuestos y se dispongan las medidas cautelares necesarias para garantizar los fines del proceso".