Graciela Martina Ramos, una mujer vecina de Puerto Esperanza, Misiones, denunció la usurpación del terreno donde hace cinco años funciona un comedor comunitario denominado “Chelita 1”,donde brinda asistencia a más de 100 chicos del barrio Bella Vista. Ella estaba ofreciendo la merienda para los más necesitados pero un día viajó hasta Buenos Aires y cuando regresó se encontró con su espacio tomado.
Según explicó Ramos, “cinco años antes de que se haga el desalojo, que me tomen el merendero, nadie me molestó. Un día vine a Buenos Aires para pedir ayuda económica,ya que todo lo hacemos a pulmón, pero Alicia Correa -la esposa del intendente Alfredo Gruguer- aprovechó que yo no estaba y entregaron los terrenos a unas personas indocumentadas. Cuando regresé a los dos días me encontré con eso y no pude hacer nada, ya estaba tomado. Fui a hablar con la gente y no me permitieron. Hicieron un muro,cercaron el terreno y me derribaron la estructura que había construido”.
Allí funcionaba un merendero, donde todos los días, la mujer le daba la merienda a los chicos del barrio. Después de que le tomaran el lugar, la víctima siguió ayudando a los más necesitados y daba la merienda en la vereda de enfrente, pero la amenazaban para que se vaya. Ahora, más de 100 chicos se sientan en el pastito y disfrutan de su mate cocido, aunque a la intemperie.
Un día, una señora llegó con una olla de agua caliente y pretendió quemar a los pequeños. Es entonces que la mujer a cargo del merendero salió en su defensa y recibió el agua en su cuerpo. Ramos sufrió quemaduras en sus brazos.
Pese a las reiteradas denuncias, los usurpadores no se dieron por aludidos e incluso vendieron los terrenos. La denunciante fue al Palacio de Justicia para que tome intervención y logró que se emita una orden de desalojo del lugar. Pero, el 2 de agosto, día que debía ejecutarse el desalojo, el juez Martín Britez, del Juzgado Nº 2, envió un escrito donde pidió que se suspenda.
“Ese lugar yo lo compré con mi dinero pero es de los chicos, donde a diario iban a tomar la leche. Nunca tuvimos ayuda del Estado. Ese terreno lo compramos con mi marido y no tenían papeles ni documentos legales, lo adquirimos de segunda mano pero era exclusivamente para ayudar a los más necesitados. Yo fui personalmente y le pedí al intendente que me otorgue los papeles de ocupación para poder estar legal, pero él se negó rotundamente. No me lo dio porque ya había planeado que se la iba a ceder a esa persona que hoy está ocupando el espacio. El terreno es de los chicos y queremos que se lo devuelvan”, concluyó.