El ex juez y actual concejal Luis Federico Arias denunció un negocio millonario entre el Municipio y los desarrolladores urbanísticos en el marco de un proyecto que fue presentado por el Ejecutivo en el Concejo Deliberante.

El clima en el Concejo Deliberante platense asoma caldeado por una iniciativa del oficialismo que generó un fuerte rechazo en el Frente de Todos y a raíz de ello, el concejal presentó un proyecto que buscará modificar la Ordenanza Fiscal y lograr de ese modo que se cumpla la Ley de Acceso Justo al Hábitat.

En ese marco, Arias sostuvo que “en La Plata se sigue generando un negocio escandaloso que cuenta con el aval de Juntos por el Cambio ya que durante toda la gestión de Julio Garro se ha desestimado la recaudación del impuesto por plusvalía a los desarrolladores privados, lo que representa una suma millonaria que la Ciudad ha perdido definitivamente y que podría haber solucionado en gran parte la falta de infraestructura en los barrios populares”.

En particular, el edil se refirió a la edificación del barrio La Cañada II, ubicado en las calles 467 y 148, muy cerca del country Grand Bell (donde reside el propio intendente Garro), y a cuyos desarrolladores se les cobrarán 63 millones de pesos en este concepto, que a su vez se utilizarán para construir una rotonda que agilice el tránsito a escasas 12 cuadras de allí, en 467 y 160.

Todo este entramado se encuentra incluido en un proyecto de ordenanza presentado por el oficialismo ante el Concejo Deliberante local, que ya se debate en la Comisión de Planeamiento que encabeza el también oficialista Javier Mor Roig y que incluso la secretaria municipal del área, María Botta, ya fue a defender.

Desde la oposición, Arias plantó bandera al criticar duramente esta iniciativa, que en esta oportunidad beneficiará a Agrycon SA por el desarrollo de La Cañada, pero que es una constante en lo que a barrios rezonificados refiere: si se tiene en cuenta que se generarán más de 200 lotes a precios que rondan los 90 mil dólares cada uno, el monto a abonar debería muy superior a los 63 millones de pesos que se pretenden cobrar.

“Desde hace un tiempo a esta parte vengo alertando sobre el negocio inmobiliario en La Plata, sobre todo en lo que refiere a la subdivisión de la tierra; tengamos en cuenta que una hectárea rural vale aproximadamente 30 mil dólares y si se lo divide en 10 lotes de mil metros cada uno se vende ese lote a 80 mil dólares, una ganancia sumamente extraordinaria que puede llegar hasta los 680 mil dólares totales de ganancias por hectárea”, expuso el edil.

Arias agregó que “esta ganancia se da sin inversión ni mérito de nadie, simplemente con una aprobación exprés del Concejo Deliberante mediante una sesión entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo para aprobar con su mayoría estas reformas a la zonificación y con ello conseguir beneficiar a algunos propietarios de la tierra y/o emprendedores con estos 'ahorros'”.

“Sobre este monto debe calcularse el impuesto a la plusvalía, que debería ser un 30 por ciento de esa renta extraordinaria que tienen los emprendedores, pero que no se cobra desde el 2015; se ha expandido la ciudad de tal modo que entre el 2009 y el 2019 se han hecho unas 1300 hectáreas de emprendimientos privados sin que hayan pagado la plusvalía, y si se hubiera recaudado ese dinero indudablemente habríamos mejorado la situación de los más de 200 barrios populares y asentamientos que tiene la ciudad”, explicó luego.

Asimismo, el ex juez subrayó que “estamos hablando de una cifra inmensa que supone un negocio importante donde muchos ganan dinero y la ciudad pierde día a día, y esto no se hace gratis, por supuesto: nadie te deja ganar 680 mil dólares por hectárea sin pasar previamente por alguna oficina, así que acá se esconde seguramente un gran ámbito de corrupción estatal para que, como digo, la ciudad pierda permanentemente estos recursos que deben estar destinados a las viviendas populares”.

Por último, Arias recordó lo sucedido con la llamada mesa judicial de la Gestapo, señaló que “estaba reunido en esa mesa con los mismos desarrolladores urbanos y empresarios inmobiliarios a los que ahora beneficia” y sentenció: “Evaluamos presentar una denuncia penal y otra ante el Tribunal de Cuentas por la pérdida millonaria del Municipio”.