El Gobierno del Frente de Todos se ha encargado de decepcionar, a lo largo de los tres años que lleva de gestión, a propios y a ajenos, y con la situación caótica del país, a penas maquillada por el triunfo de la selección nacional, incluso los sectores que se habían alineado al oficialismo comienzan a mostrar muestras de perder la paciencia.

Con el feriado de este martes, a sólo ocho días hábiles para el fin de año, la CGT se resignó a que el Gobierno no cumplirá con su promesa de saldar una deuda por 20 mil millones de pesos con las obras sociales sindicales antes de la culminación de 2022. Se trata de un fondo de cobertura para los tratamientos por discapacidad que Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, habían asegurado que el Tesoro desembolsaría a favor de sus prestadoras de salud.

El incumplimiento, así como otros previos, no derivará de momento en una crisis de la central obrera con el Ejecutivo dado que los gremialistas, al igual que en ocasiones anteriores, cifrarán sus expectativas en desembolsos mayores el año que viene.

La dinámica de un Gobierno que exhibe zanahorias para estimular al sindicalismo y luego las oculta no es novedosa ni privativa del peronismo: además de Néstor y Cristina de Kirchner la utilizó Mauricio Macri.

Pero en la gestión del Frente de Todos se convirtió casi en un dogma: en 2021 el Presidente comprometió en persona que el Tesoro desembolsaría 11.400 millones de pesos de los cuales apenas liquidó algo más de 6.000 millones, en tanto que para este año avisó que distribuiría en el último cuatrimestre un total de 24 mil millones de pesos en cuatro pagos iguales de 6.000 millones cada uno. Apenas repartió 4.000 millones de pesos, confirmaron anoche en la CGT y en los órganos de Salud encargados del ítem financiero.

Para una central obrera acostumbrada a mostrar los dientes cuando del financiamiento de sus prestadoras de salud se trata, se impone la pregunta de por qué no amagar con una protesta para forzar al Gobierno a ejecutar el desembolso. La respuesta, admitieron en la propia organización, pasa por una nueva promesa de fondos plasmada en el Presupuesto 2023 pero de incierta ejecución. Son 148 mil millones de pesos que Massa reservó en el capítulo sobre “obligaciones del Tesoro” con el alegado propósito de “brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado” así como la atención de “obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales”.

Si bien el monto aparece en el plan financiero del Ejecutivo para el año que viene, el ministro de Economía les aclaró a los sindicalistas que para sus prestadoras la reserva será algo menor, de 110 mil millones de pesos. Ese monto es el que calculan en el sindicalismo que demandará en 2023 atender uno de los ítems cuyo costo más creció en los últimos años y que terminó por agotar los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR): los servicios de transporte y educación para los afiliados discapacitados.

Esa nueva promesa y el monto presupuestado no son, sin embargo, la única razón de la CGT para no alzarse contra los incumplimientos oficiales. Massa les dijo a los gremialistas que en las próximas semanas impulsará un decreto para crear un nuevo fondo de asistencia a las obras sociales frente al costo de tratamientos, remedios y prestaciones de altísimo costo que en la actualidad pueden por sí solas desfinanciar a una prestadora. Esa iniciativa de hecho figuraba en uno de los artículos del Presupuesto que la oposición vetó. De ahí que Massa les anunciara que buscaría formar ese fondo mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Hay más: la relación entre la central sindical y el equipo económico está mediada por el crecimiento de la figura de Massa en el elenco del Frente de Todos y con la posibilidad concreta de que termine por convertirse en el candidato presidencial del espacio. Ningún sindicalista osaría en la actualidad elegir como contendiente al ministro, con quien por otra parte tienen una relación óptima y una mirada concordante respecto de la política económica. Al menos los “gordos” de los grandes sindicatos de servicios, los “independientes” de vínculo constante con el poder político y el sector de Luis Barrionuevo.

La CGT entró hace varias semanas en una suerte de coma autoinducido que la corrió de cualquier debate en el Frente de Todos por el bono de fin de año, que terminó por ser de 24 mil pesos por única vez y a un universo limitado de trabajadores, muy por debajo de los planteos del kirchnerismo y del sector sindical que lidera Pablo Moyano.