El viernes pasado concluyó el juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, una polémica decisión tomada durante el tercer Gobierno kirchnerista en 2012.

La expropiación significó que la ex Presidente condenada Cristina Fernández de Kichner y su lacayo Axel Kicillof, en ese entonces ministro de Economía, se apoderaron de la soberanía energética del país al intervenir en la petrolera, lo que finalmente culminó en la estatización del 51 por ciento de las acciones de Repsol.

Sin embargo, la decisión de expropiar vino acompañada de una serie de consecuencias legales y económicas que le saldrá muy caro al Estado. Eso implica que el dinero deberá salir de los bolsillos de todos los argentinos.

El juicio, llevado a cabo en Nueva York, condenó a la Argentina por aquella estatización, pero aún queda por determinar la cantidad exacta que el país deberá pagar como indemnización.

Los demandantes, representados por los fondos Burford Capital y Eton Park, esperan recibir una indemnización que supera los 16 mil millones de dólares, mientras que el Estado nacional ofrece una cifra mucho menor, alrededor de 5 mil millones de dólares. Hasta el momento, la Argentina ya pagó alrededor de 6 mil millones en efectivo y bonos por esta causa.

En este proceso entra en juego el costo del bufete de abogados Sullivan & Cromwell LLP, quien representa al Estado argentino en este juicio. Esta empresa neoyorquina contratada por el exministro de Economía, Martín Guzmán, cobró una asombrosa suma de 1,6 millones de dólares por sus servicios legales.

La cifra se dividió en 1.200.000 dólares destinados a la elaboración y presentación del escrito en el incidente de moción por desestimación por foro no conveniente, y 400 mil para cualquier otra actividad procesal posterior vinculada con el incidente, incluyendo una eventual audiencia donde los abogados de las partes deban exponer oralmente.

Es importante destacar que este costo millonario no incluye el pago de costas en caso de que la defensa ganara el juicio ni los intereses, por lo que la suma podría ser 100 por ciento más.

¿Cuánto le costará a los argentinos la jugada de CFK y su lacayo Axel Kicillof?

El fallo final y la determinación del monto a pagar como indemnización serán responsabilidad de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Para calcular la indemnización, se tomará en cuenta la fecha en que el Estado argentino obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación.

Esta cuestión ha generado un acalorado debate, ya que las fechas en cuestión son el 16 de abril de 2012, cuando la ex presidente Cristina Kirchner anunció la decisión de expropiar YPF, y el 7 de mayo de ese mismo año, cuando el Congreso aprobó la estatización.

La defensa argentina, liderada por el bufete Sullivan & Cromwell LLP, sostiene que la tasa de interés debe ser del 0 por ciento y que la indemnización variaría entre 7 mil millones de dólares si se toma como fecha de expropiación el 16 de abril, o 4920 millones si se toma el 7 de mayo, siendo esta última la cifra mínima que el país pagaría.

Por otro lado, los fondos Burford y Eton Park argumentan que la Argentina debería pagar 16.050 millones de dólares si se toma como fecha de expropiación el 16 de abril y se aplica una tasa de interés punitoria del 8 por ciento. Si la fecha de referencia es el 7 de mayo, la cifra a pagar sería de 9490 millones de dólares, también con la misma tasa de interés.

Es importante mencionar que estas indemnizaciones surgieron porque el Estado argentino no pagó por hacerse de las acciones de las empresas expropiadas, lo que llevó a los accionistas minoritarios a demandar una compensación.

En lo que Kirchner llamó la “argentinización” de YPF, los protagonistas fueron dos hijos del magnate Enrique Eskenazi: Sebastián, que asumió como CEO y ahora es vicepresidente del Banco de Santa Fe, y Matías, que se sentó en el directorio de la petrolera y es número dos del Banco de Entre Ríos. Ambos adhirieron al blanqueo de capitales en 2016 con 895,4 millones de pesos en total.

La jueza Preska ya eximió a la petrolera YPF de cualquier responsabilidad en este juicio, pero ahora se centra en determinar el monto de la indemnización que la Argentina deberá pagar a los demandantes.