El uso de celulares para personas alojadas en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires volvió a ser tema de agenda de la oposición tras el pedido de informe que realizó la diputada provincial de Juntos por la UCR, Nazarena Mesías.

A través de esa solicitud, la legisladora busca que el gobierno bonaerense explique sobre el protocolo que permitió —producto de la pandemia y la suspensión de las visitas a internos— el uso de teléfonos móviles por parte de internos de las cárceles del territorio.

El tema había escalado meses atrás cuando los diputados del PRO, Matías Ranzini, Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco presentaron un proyecto de ley para que el gobernador Axel Kicillof derogue el protocolo de uso de celulares en cárceles locales “en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses”.

Fue allí cuando desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) remarcaron a través de un comunicado que “la disposición fue llevada adelante en el ámbito penitenciario luego de una decisión del máximo tribunal penal de la Provincia que así lo dispuso”.

También que “desde la regulación del uso de los celulares no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente”.