Por Eduardo Rivas

En el mes de junio dábamos cuenta del allanamiento que la Justicia Federal había realizado en el corralón municipal (https://principedelmanicomio.wordpress.com/2021/06/16/habia-una-vez-un-allanamiento-en-el-corralon-municipal-de-zarate/); decíamos que “había una vez una fuerza de seguridad que tenía secuestrados unos camiones, y como su predio está junto al río, allí los tenía estacionados. Pero a criterio del mandamás del lugar, esos camiones afeaban el paseo costanero por lo que propuso que se retiraran los camiones de allí y ofreció alojarlos en uno de los sitios que el gobierno municipal a su cargo tenía habilitados para tal fin. Un buen día los camiones desparecieron, lo que dio lugar a que quienes tenían derechos sobre los vehículos reclamaran a la justicia por ellos, y durante mucho tiempo estuvieron con paradero desconocido, hasta que un buen día, repentina y llamativamente aparecieron, aunque no completos, les faltaban partes importantes. Como la Justicia estuvo investigando, llegó un buen día en que decidió ir de visita al predio municipal para ver si los camiones estaban y, si era así, en qué condiciones se encontraban”.

“Este cuentito bien podría graficar la realidad de lo que antecedió al allanamiento que la Justicia Federal dispuso en el corralón municipal, procurando información sobre unos camiones que habiendo sido secuestrados y estando bajo custodia de la Prefectura Naval, pasaron a estar ‘guardados’ en el predio municipal”.

“Como siempre el municipio no dio ninguna explicación del porqué del allanamiento que realizó la Policía Federal en dependencias municipales, y como suelen ser bastante cuenteros respecto a las explicaciones que suelen dar a los problemas que nos aquejan, el cuentito inicial fue nuestro aporte a las autoridades municipales para comenzar a explicar qué fue lo que ocurrió”.

Cinco meses después, no solo validamos aquellas palabras, sino que brindamos a la ciudadanía mayores precisiones, las que debiera haber dado, y no dio, el gobierno municipal de Osvaldo Cáffaro.

Todo comenzó el 15 de agosto de 2014 cuando la Prefectura Naval Argentina entrega a los enviados del intendente municipal Osvaldo Cáffaro, dos camiones IVECO que habían sido secuestrados en el marco de un proceso judicial, a fin que los trasladen al corralón municipal puesto que, a criterio del intendente, como dijéramos en junio, afeaban el paseo costanero.

Incluso la Prefectura Naval realizó, como era de suponer, un relevamiento para constatar las condiciones en las cuales se entregaban los vehículos.

Desde aquel entonces no había habido mayores novedades al respecto, hasta que el 30 de diciembre de 2020 el Secretario Ad Hoc del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, Ramiro Papa, le remite un escrito al intendente municipal Osvaldo Cáffaro a fin “se sirva la ubicación actual o el destino dado a los rodados que se hallaban a resguardo en el corralón municipal”.

Difícil imaginar que esta consulta se realizara sin tener previamente ciertos indicios sobre el destino dado a los vehículos, puesto que la propia Justicia explicita en su texto que podrían no estar en el corralón. Y de hecho tenían indicios, puesto que el citado secretario Papa, había requerido información de manera telefónica y el empleado municipal que dio respuesta indicó que desconocía el paradero de los vehículos.

Ante esta realidad, el 7 de enero el secretario de Gobierno decide iniciar las actuaciones administrativas correspondientes a fin de averiguar el paradero de los camiones que, como señala el propio Juan Manuel Arroquigaray, “deberían encontrarse en resguardo de esta administración municipal en las instalaciones del Corralón Municipal de esta ciudad”. Es de destacar que resulta curiosa la fecha mencionada del escrito judicial, será que quizás se guíe por el calendario ortodoxo ruso.

Curiosamente el expediente no lo inicia la Secretaría Jefatura de Gabinete, que es de quien dependen la Subsecretaría de Asuntos Judiciales y la Subsecretaría Legal y Técnica… curioso. ¿Tendrá que ver con que la titular de esta Secretaría sea Florencia Diez, quien es muy próxima al investigado o que era mejor que la investigación quedara bajo la órbita de Juan Manuel Arroquigaray?

A partir de entonces empieza la parte más interesante de la historia porque se comienza a ver la caída en desgracia del Rasputín local, aquel que, allá lejos, supo encandilar en los orígenes del primer gobierno al intendente municipal, el licenciado Pablo Giménez, quien ocupó diferentes cargos públicos de confianza directa de Osvaldo Cáffaro, entre ellos Concejal y Presidente del Bloque de Concejales de Nuevo Zárate, secretario de Gobierno, secretario de Servicios Públicos, secretario de Obras y Servicios Públicos, secretario Jefe de Gabinete y recientemente Coordinador del programa de Centros de Aislamiento (CEDA´S), que comenzó a rodar barranca abajo.

Quien primero pone el nombre de Giménez como responsable del faltante de los camiones es el entonces Subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Zárate, Jorge Mangiantini, quien afirmó que “en el mes de diciembre de 2020 y con motivo de consultas que le realizaran respecto de la ubicación de dichos rodados, fue que logró conocer que tiempo antes, aproximadamente en el mes de febrero de 2019 una persona conocida como “El Cordobés”, de quien desconoce mayores datos personales, había procedido a retirar dichos vehículos del corralón utilizando una grúa para removerlos. Que según le manifestaron dicha operatoria habría sido autorizada por el secretario de Servicios Públicos, Pablo Giménez, desconociendo quien habla el destino dado a esos elementos y las razones por las cuales se procedió a retirarlos”, y agrega Mangiantini que “fue informado por Director General de Servicios Públicos, arquitecto Guillermo Ros, que dichos elementos habían sido ingresados al corralón entre los días 14 y 15 de enero del año en curso por orden del señor Pablo Giménez”.

El primer paso estaba dado. Rasputín había caído en desgracia y comenzaba el efecto dominó, puesto que “teniendo en cuenta lo expresado por el señor subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Zárate, señor Jorge Mangiantini, y a efectos de informar todo cuanto conozca sobre los hechos en investigación, convóquese al señor Director General de Servicios Públicos, Arquitecto Guillermo Ros”. Juan Manuel Arroquigaray daba un paso más para cercar al otrora súper poderoso multifuncionario.

Ros no defraudó, porque si bien hace equilibrio entre reconocer que conocía el caso, pero con el cual no tenía nada que ver, dice lo que querían oír.

Declara Ros que ocupa su puesto dese 2016 y que entonces “logró advertir que en un lugar del corralón se encontraban depositados unos camiones con su respectivo acoplado y batea, los cuales no pertenecían a la flota municipal”. Brillante y prodigiosa memoria la de Ros, que cinco años después de haber comenzado a trabajar se acuerda lo que encontró su primer día de trabajo. Agrega que “ante el avance de tareas de remodelación que se debían realizar en el corralón municipal, tomo conocimiento que dichos rodados fueron retirados del lugar durante el transcurso del año 2019, entre los mes de marzo/mayo no recordando con exactitud”.

Es curioso como el memorioso Ros, repentinamente se vuelve amnésico y pierde precisión en su relato.

Buscando despegarse de la situación, pero “hacer lo que tenía que hacer”, menciona como al pasar “que si bien sus funciones son netamente operativas y nada tiene que ver con las decisiones que se toman dentro de la Secretaría de Servicios Públicos, estima que el retiro de dichos elementos estaba en conocimiento de las autoridades de dicha Secretaría, en este caso el secretario Pablo Giménez”. Es curioso, lo convocan a que cuente lo que sabe y cuenta lo que supone y las elucubraciones que hace, aunque, claro está, él no es parte de nada porque es tan solo el brazo ejecutor, ya sea en la Secretaría de Servicios Públicos como en el armado de un expediente.

Es curioso, nadie sabía nada, nadie había hecho nada, y de repente, todos comienzan a saber y a hablar al respecto.

Rápidamente, y para quedar a cubierto en su accionar, Arroquigaray pide la opinión de la Subsecretaría Legal y Técnica “dado que los hechos que aquí se mencionan podrían encuadrar en una falta grave por parte de un funcionario municipal, se requiere su opinión jurídica en cuanto al encuadre administrativo que correspondería darle a los hechos” y de manera solapada pide que le digan que hay que separar al funcionario de su cargo.

Y agrega un último párrafo contundente. Dice Arroquigaray “giro las presentes actuaciones a efectos de confeccionar, en base a las constancias incorporadas, el dictamen jurídico pertinente cumplido lo cual se deberá dar vista de las actuaciones a la Secretaría Jefatura de Gabinete para su continuidad”. Detalle no menor, pedía que Florencia Diez, funcionaria del “riñón” de Giménez se involucrara y “pusiera el gancho” en el accionar municipal. Nadie podía sacar los pies del plato.

Alan Fortune, subsecretario de Legal y Técnica, es contundente en su decir. Para él “lo sucedido en el corralón municipal colocaría ahora a la Municipalidad (funcionarios) en una posición disvaliosa e impensada al ser probablemente responsabilizada por haberse comportado como un depositario infiel”. Y “aconseja continuar adelante con estas actuaciones a los fines de recabar mayor información sobre lo sucedido y posibles responsabilidades”.

Fortune les recuerda a los funcionarios que son ellos quienes deberán rendir cuentas como responsables del municipio por el accionar municipal y recuerda que “es facultad del intendente emitir en el presente caso el acto administrativo correspondiente de cese y/o remoción del señor secretario de Servicios Públicos por las razones señaladas”. Curioso, Fortune pide seguir investigando y, a la par, da argumentos para que echen a Giménez. ¿Fortune conocía la responsabilidad de Giménez o escribió lo que le pidieron que escriba a fin de tener “respaldo legal” en el accionar a emprender?

Florencia Diez también hizo lo propio aunque mucho menos verborrágica y contundente, tan solo afirmó que “se devuelven las presentes a esa Subsecretaría a efectos de proyectar el pertinente acto administrativo para su consideración por parte del señor intendente municipal’.

La suerte estaba echada.

Curiosamente la firma y el sello de la nota de Florencia Diez son bastante diferentes a la firma y el sello que, con su nombre, ¿refrenda? los decretos firmados junto al intendente municipal.

El final de este capítulo de la historia estaba cerca y lo explicitó el Asesor municipal Marcelo Fioranelli cuando el 7 de junio le informó a la Subsecretaría de Asuntos Judiciales que se ha realizado denuncia por la presunta comisión de los “Delitos de incumplimiento de funcionarios públicos y daños contra la propiedad”.

En ella Fioranelli fue claro y menciona que “en virtud de depender el corralón municipal -según la estructura orgánica de la Municipalidad- de la Secretaría de Servicios Públicos, y de los propios testimonios obrantes en las actuaciones administrativas, surgiría la responsabilidad administrativa de los funcionarios de dicho sector, y quizás de índole penal que justifica la presente denuncia”, y por si hubiera dudas agrega que “el funcionario a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos durante el período (casi dos años) en que los camiones en custodia judicial fueron retirados del lugar asignado, y hasta el momento de su devolución, fue el señor Pablo Andrés Giménez, designado mediante Decreto número 183 de fecha 30/01/2019”.

El círculo estaba cerrado.

Por eso la Justicia allanó el corralón municipal en junio de este año, a partir de la denuncia que promovió el municipio en contra de Pablo Giménez, hecho que nunca se informó a los vecinos y que no termina de dejar cabos sueltos, porque pese a tener una denuncia penal en su contra, una causa más aparte de las que ya comparte con el intendente, quien ahora lo denuncia, Giménez siguió militando por el intendente Cáffaro.

¿A quién asesoraba entonces Giménez? A la diputada provincial, Patricia Moyano.

¿Cómo se entiende esto? “Bisnes are bisnes”, canta Joaquín Sabina.

Había que sacar del medio a Giménez, pero no excluirlo porque Giménez sabe… y mucho del accionar del oscuro gobierno municipal.

Por eso sigue retwitteando los mensajes del intendente y apoyando sus candidatos. Porque dejó de ser secretario de Servicios Públicos, pero no dejó de ser parte del caffarismo.

Cayó Rasputín, pero quizás se haya convertido en un monje negro, aquel personaje de Chéjov.

Ya se sabe que el intendente es ferviente frecuentador de ciertos monasterios.