Desde aquel trágico 2 de abril del 2013, cuando en medio de la mayor tragedia climática y estructural que sufrió la ciudad de La Plata por una histórica inundación, el clan político integrado por el ex intendente Pablo Bruera y sus dos hermanos, Gabriel Bruera y Mariano Bruera, quedó en el eje de la tormenta por ineficiencias operativas desde la administración comunal y el equipo de comunicación del ex alcalde tuiteó a su jefe ayudando a vecinos con una foto de archivo mientras se encontraba plácidamente veraneando en Brasil, el futuro político del espacio quedó sellado para siempre.

Una década después, los ecos y circunstancias de la investigación por pedido de coimas en el marco del programa de viviendas “Pro.Cre.Ar”, terminan de enterrar cualquier intento de supervivencia política.

La investigación penal que involucra al exintendente ha dado un nuevo paso hacia delante, luego de la condena  a Mariano Bruera por su participación en una asociación ilícita y delitos de corrupción, tal como informó el portal Primera Página de Ensenada.

Los detalles revelados durante el juicio generaron un análisis más pormenorizado de la situación y despertaron interrogantes sobre la eventual responsabilidad del exjefe comunal en estos actos delictivos. En el marco del juicio oral, otro exfuncionario municipal, por entonces secretario de Gestiòn Pública, Enrique Sette, también fue condenado por delitos como "exacciones ilegales", "cohecho pasivo" y "asociación ilícita": ocupaba el segundo puesto en la jerarquía municipal, por debajo del hermano mayor. Expertos en derecho penal consideran poco probable que el flujo de dinero ilícito no haya seguido una ruta ascendente dentro de la estructura municipal.

Según se detalla en el portal mencionado, la fiscal Victoria Huergo, solicitó la reapertura de la investigación después de que surgieran evidencias durante el juicio que apuntaban a la posible implicación de más personas en estas actividades delictivas. El Tribunal Oral Criminal II de La Plata receptó este requerimiento y ordenó la continuidad de la pesquisa.

Según la sentencia a la que se tuvo acceso, la asociación ilícita operó al menos desde principios de 2014 hasta julio de ese mismo año. Sin embargo, surgen interrogantes sobre si los sobornos eran necesarios solo durante ese período o si todas las rezonificaciones de terrenos anteriores también involucraron pagos ilegales. 

La investigación ha revelado evidencias, como nombres, direcciones y números de teléfono, que involucran a personas que lograron la rezonificación de sus terrenos. Incluso se ha encontrado una sorprendente planilla de Excel. La sospecha de que estas personas pagaron sobornos es muy fuerte, y tanto quienes ofrecieron como quienes recibieron el dinero pueden ser sancionados en este tipo de delitos.

La lista de los involucrados en la “asociación ilícita” está integrada por Mariano Bruera, Sette, Roberto Moreno, el fallecido Ricardo Moratti y el particular Christian Ybarra, quien tuvo vínculos contractuales con el municipio. Sin embargo, en su voto, el juez Claudio Bernard mencionó la existencia de "dos" ventanillas de cobro, lo que sugiere la posible participación de otro funcionario de ese momento, con acceso directo e inmediato al entonces intendente Pablo Bruera.

“Esta andanada de indicios plantean la pregunta de si estas actividades ilegales podrían haber tenido lugar sin el conocimiento del exjefe comunal. Lo lógico es pensar que nada de esto hubiera sido posible sin la anuencia y compromiso del jefe comunal”, detalla PP.

La lupa de la Justicia

La Justicia considera que esta asociación ilícita estaba compuesta por al menos cinco personas, tres de ellas pertenecientes a la cúpula dirigencial de la Municipalidad de La Plata, un empleado y un exempleado municipal.

Si bien la sentencia fue unánime, el voto redactado por el juez Bernard resalta que, al momento de la denuncia de los hechos juzgados, existía una administración municipal corrupta con funcionarios públicos desempeñando distintos roles y funciones, dedicados a cobros indebidos para otorgar la rezonificación de terrenos.

El testimonio del denunciante Guillermo Andreau durante el juicio, ha despertado sospechas de que las altas esferas municipales tenían conocimiento de los pedidos de sobornos a particulares interesados en la rezonificación de sus terrenos para el desarrollo inmobiliario. Andreau recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una suma considerable de dinero, y al denunciar la situación, mencionó que un alto funcionario le aseguró que hablaría con Pablo Bruera al respecto.

Rogando espacios en el hormiguero pateado del peronismo

Más allá de la crítica situación judicial, los Bruera comenzaron a caer en picada desde que perdieron la comuna en el año 2015 en manos del actual intendente Julio Garro. Tiempo después también perdieron el manejo del PJ -cuyo último titular “bruerista” fue el histórico dirigente y padrino político de “los Hermanos Macana” Luis “Lucho” Lugones- que hoy está en manos del diputado bonaerense Ariel Archanco, un camporista puro.

El apellido Bruera quedó manchado y no pudo figurar más en ninguna boleta electoral. Su reemplazante fue el actual edil y precandidato a intendente “de cartón”, Guillermo Escudero, quien tuvo la suerte de ser durante cuatro años diputado bonaerense.

Hoy, en medio de las disputas en la alianza peronista que se llamó Frente de Todos y ahora se rebautizó como Unidad por la Patria, el bruerismo entró en un estado de “mendigo” y a la sombra de lo que fue cuando el clan se creía impune en la cúspide del poder, se pegó a la figura de la albertista Victoria Tolosa Paz, quien pretende disputarle al gobernador Axel Kicillof -o quien lo reemplace en la postulación en caso de que sea ungido presidenciable por Cristina Fernández- la gobernación bonaerense. 

Como dice el tema de la icónica banda metalera Hermética: “En un avión, se llevó el dineral, y volverá por más cuando lo olviden…”.