El juez Enrique Lavié Pico, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo federal 6, ordenó al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi, informar en un plazo de tres días cuál es la situación de los desalojos en el país y le dio cinco días para presentar un plan de contención.

La resolución surge tras la medida cautelar presentada por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), que solicitaron la inconstitucionalidad de la norma que determinó el fin de la suspensión de los desalojos en medio de la emergencia sanitaria.

El amparo colectivo se presentó en representación y beneficio de los locatarios de inmuebles para vivienda, domiciliados en cualquier lugar del país, que se encuentran en riesgo de ser desalojados por estar condenados con sentencia firme. Solicita se declare la inconstitucionalidad del estado de riesgo antijurídico en el que se encuentran, en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus y hace referencia al DNU.

Lavié Pico avanzó con la solicitud de informes y requerimientos. Pidió que el Ministerio “informe, en el término de cinco (5) días, acerca de las circunstancias de hecho y de derecho que hacen a la acción intentada”, acompañando copia del escrito de inicio, de sus ampliaciones y de la totalidad de la documentación adjuntada” y que “cumpla con el informe allí previsto en el término de tres (3) días”.