En una entrevista del 8 de febrero de 2019, la activista Rachel Holway, fundadora de “Alerta Vida”, desató una polémica acusación al señalar la existencia de una denuncia contra Horacio Rodríguez Larreta, ex alcalde porteño, por supuestamente abusar de un menor de 6 años.
La revelación, que llega en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, reaviva críticas sobre el manejo de casos sensibles por parte de funcionarios de alto perfil. Informó Realpolitik.
¿Me sacan de una duda?
— Carolina Moine (@carolina_moine) January 15, 2024
Alguno de los que salieron a denunciar pactos de impunidad de @JMilei con el kirchnerismo, ¿escribió algo acerca de la contratación por parte de Larreta de un inglés pedófilo que cobraba más de 10.000 dólares por mes sin siquiera moverse de Inglaterra?
Holway advirtió sobre la designación del juez Luis Alberto Scheguel en el caso, alegando que su presunta amistad personal con Larreta podría haber predispuesto la actuación judicial, favoreciendo la desestimación de la denuncia.
Este señalamiento, publicado por Realpolitik, pone en tela de juicio la integridad de un sistema que, según críticos, ha permitido que figuras como Larreta se beneficien de relaciones cercanas en detrimento de la Justicia.
La acusación adquiere tintes aún más controversiales al sugerir que la protección de intereses personales pudo haber prevalecido sobre el deber de actuar con rigor ante hechos tan graves.
Expertos y activistas políticos recalcan la necesidad de investigaciones imparciales y exhaustivas, enfatizando que la credibilidad del sistema judicial y la imagen de la gestión pública se ven amenazadas por estas prácticas de amiguismo y encubrimiento. Señaló Realpolitik.
Frente a estas denuncias, sectores críticos exigen transparencia y responsabilidad, señalando que la situación no solo empaña la reputación del ex mandatario, sino que evidencia un patrón de conducta que socava la confianza de la ciudadanía.
La polémica pone en relieve el dilema de cómo la impunidad y la protección de intereses personales pueden permear la administración de Justicia, dejando en entredicho el compromiso con la rendición de cuentas. Concluyó Realpolitik.