La Corte Suprema de Justicia resolvió que una causa que se inició hace 14 años contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, sea investigada por los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
El máximo tribunal se tomó dos años desde que el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó en 2019 que el expediente debía tramitarse ante el juzgado que supo estar a cargo del difunto juez Claudio Bonadio.
La Corte Suprema resolvió quién investigará a Julio De Vido por plan viviendas https://t.co/Z9B4uEdgV0
— Ámbito Financiero (@Ambitocom) November 3, 2021
Los hechos investigados se remontan a 2007 y están relacionados con la construcción de viviendas a cargo de la Municipalidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, que fueron denunciados por el abogado Ricardo Monner Sans.
Se trata de un tramo de una denuncia por supuestas irregularidades en la ejecución del Programa Federal de Construcción de Viviendas y del Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, suscriptos por el Ministerio de Planificación con las distintas provincias y municipios “con el objetivo de atender a problemas habitacionales de sectores sociales postergados”.
El 5 de noviembre de 2019, el procurador Casal, dictaminó que “en atención a que se ha denunciado que un ex ministro de la Nación habría participado, en ejercicio de esa función, en presuntos delitos vinculados a la construcción de viviendas en Coronel Suárez, corresponde a la justicia de excepción continuar con la instrucción de esta causa que se inició en el año 2007”.
La Corte, en su último acuerdo, decidió el 28 de octubre pasado que “por los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación interino, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11”. El fallo fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti.
De esta manera, casi tres lustros después de su inicio, la denuncia finalmente tiene un juez asignado para investigar si existió o no el delito.
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