El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri no sale de aprietos, a la gravísima acusación –todo quedó por ahora en eso, y nada más- de parte del Gobierno de Bolivia, donde se lo acusa por haber provisto de municiones a quienes estaban en ese momento en el poder tras la caída de Evo Morales; ahora se sumó otro revés más: lo acusan por reuniones sospechosas con un juez penal debido a las influencias que habría tenido en las posteriores decisiones el magistrado.

La fiscal Alejandra Mangano pidió medidas de prueba para investigar esos encuentros que se suman a otros que se venían investigando sobre el camarista Gustavo Hornos, a partir de una denuncia presentada por diputados del Frente de Todos.

La fiscal federal Alejandra Mangano pidió investigar si la casi veintena de encuentros entre el juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky y el entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y Casa Rosada influyeron en decisiones judiciales que adoptó el Tribunal contrarias al kirchnerismo.

La fiscal pidió una batería de medidas de prueba para investigar esos encuentros que se suman a otros que se venían pesquisando sobre el camarista Gustavo Hornos, a partir de una denuncia presentada por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés.

Esta nueva denuncia se centra sobre el camarista Borinsky y en reuniones, al menos 18, que hubo entre 2015 y 2019 en la Quinta de Olivos y Casa Rosada. La investigación apunta a determinar si existió "un mecanismo sistemático de manipulación política de causas penales, en el cual habrían participado no sólo Mauricio Macri y Gustavo Hornos, sino también otro juez de la Cámara Federal de Casación Penal: Mariano Borinsky".

La fiscalía remarcó tal cual lo dijeron los denunciantes que esos encuentros no están inscriptas en el Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior de la Nación y habrían ocurrido en fechas previas y cercanas a la resolución de casos que tramitaban ante la Cámara Federal de Casación Penal. Mangano reclamó entonces investigar "si estos hechos existieron con la dimensión jurídico penal que se infiere de la denuncia, se deberá establecer si dichos encuentros entre el ex Presidente de la Nación y el Juez de Cámara fueron la ocasión para una influencia indebida por parte del primero para la resolución de casos judiciales bajo la jurisdicción de Hornos y Borinsky, en función de un interés distinto al que debía guiar las decisiones jurisdiccionales del nombrado en la Casación Federal".

Como medida de prueba, la fiscal pidió que se pida a la Cámara Federal de Casación Penal, de la cual es integrante Borinsky, si se iniciaron actuaciones, se labraron constancias, se cursaron comunicaciones a otros organismos competentes o se celebraron acuerdos de magistrados, y que sean aportadas.

También a la Comisión de Acusación y Disciplina si se iniciaron actuaciones sobre esos hechos, y a la Secretaría General de la Presidencia que, a través de Casa Militar, se informe los nombres del personal administrativo que cumplió funciones en la Secretaría Privada de Presidencia los días y horarios en los que se produjeron los encuentros detallados en las denuncias.

Paralelamente, una de las decisiones de ambos jueces cuestionados es la de reabrir la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA por parte de la expresidenta Cristina Kirchner por lo cual está reclamando la nulidad de la causa.