El presidente Javier Milei y el ministro Luis "Toto" Caputo autorizaron un gasto millonario a través de un convenio firmado entre YPF y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el cual la petrolera proveerá tarjetas de combustibles para que sus funcionarios puedan cargar nafta en sus autos de alta gama, con la nuestra, y solo se podrán usar en las estaciones de servicios de la empresa.

El acuerdo, que implica un gasto millonario de 500 millones de pesos, generó polémica debido a varias razones fundamentales. En primer lugar, resulta contradictorio con las declaraciones previas del presidente, quien abogaba por la privatización de YPF. Este cambio de postura, seguido por un acuerdo de tal magnitud, sugiere una falta de coherencia en la política energética del gobierno.

Además, el contexto económico actual, marcado por una fuerte crisis que afecta a los argentinos, plantea dudas sobre la priorización de este gasto en combustible para los funcionarios del Senasa.

En un momento en el que se anunciaron medidas de austeridad y se espera un uso más eficiente de los recursos públicos, destinar una suma tan significativa a este fin parece desalineado con las necesidades y prioridades del país.

Según el documento contractual del convenio, se establece que YPF SA brindará el servicio de provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores del Senasa mediante el programa "YPF en Ruta".

Esto permite el uso de la tarjeta en los establecimientos adheridos a dicho programa, que incluyen estaciones de servicio propias de firma nacional y de terceros que operan por cuenta y orden de la petrolera.

Vale recordar que el Senasa depende de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, en consecuencia, depende también del Ministerio de Economía de la Nación a cargo de Luis “Toto” Caputo, el responsable directo de la deuda millonaria con el Fondo Monetario Internacional.

El plazo de vigencia de la tarjeta "YPF en Ruta" será de dos años, renovable automáticamente durante la vigencia del convenio. En total, se gastarán 416.356.723 que salen de las arcas del Estado, es decir, del dinero de los contribuyentes, quienes se encuentran cada vez más ajustados y con la soga al cuello por no llegar a fin de mes.