La Justicia descubrió que la banda que hackeó o robó identidades a jueces y fiscales trabaja en forma de compartimentos estancos y con división de tareas para ocultar a los "cerebros" de la trama, según se desprende del fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La primera pista sobre esta organización surgió en enero pasado cuando el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro confesó que hackeó el celular del ex ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro.

Y ahora el juez Martínez de Giorgi lo procesó, junto al sargento retirado de la Policía Federal, Ariel Zanchetta, y mostró cuáles eran sus roles como engranajes de esa organización. En su fallo, el magistrado no consideró periodista a este mientras crecen las versiones que lo vincularían con servicios de inteligencia del oficialismo.

Dijo que Zanchetta no presentó ninguna nota que avalara que sus búsquedas de datos sobre los jueces se tradujeron en un artículo periodístico.

Por el contrario, destacó, “el destino de su actividad se presenta propicio para la acumulación de la información utilizada para la validación de identidad que requieren las compañías telefónicas” y así que otros cambiaran las tarjetas SIM de los celulares.

En consecuencia, quedó “comprobado que Zanchetta aportó la información que obtuvo a través del acceso a la firma SudamericaData a efectos de poder, de forma mancomunada con Nuñez Pinheiro y posiblemente con terceras personas hasta el momento no identificadas, acceder al control de aquellas líneas de teléfono y perpetrar de este modo las maniobras bajo estudio”, sostuvo el magistrado.

Un tercer procesado con prisión preventiva en esta causa, es el misionero Santiago Machado a quien la Cámara Federal confirmó el jueves su procesamiento, también, con prisión preventiva.

Se debe a que, por ejemplo, solicitó cinco líneas de celulares a nombre del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Dijo que era para que los usaran terceros y las llamadas las pagara el magistrado, pero en fuentes judiciales se preguntan qué sentido tenía hacerlo con personas tan conocidas. Y se preguntan si ese robo de identidades de los jueces era para una segunda etapa de la maniobra que no se llegó a concretarse.

“Los puntos de contacto entre múltiples eventos producidos en similares épocas y la identidad de los afectados, revelan la procedencia de esta línea de investigación, cuando aún se desconocen los móviles (además de los evidentemente económicos) que podrían haber rodeado a esta trama", advirtió la sala II de la Cámara Federal en el procesamiento de Machado.

Machado dio de alta líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Rosatti y Carlos Rosenkrantz, de la jueza federal de Posadas Verónica Skanata y del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, entre otros.

En esta banda de compartimentos estancos, hasta ahora, se presume que Zanchetta fue quien a través de “Sudamérica Data” obtuvo datos personales para responder las trivias de las compañías telefónica y hackers como Nuñez Pinheiro se ocuparon de la operatoria conocida como “Sim swapping”.

Mientras terceros se encargaron de los pagos a través de criptomonedas con cuentas de dudosa procedencia, como una que estaba a nombre del paseador del perros Julián Bellindo. Todo para ocultar la identidad de quiénes dieron las órdenes de ejecutar las operaciones.

Así el juez Martínez De Giorgi les imputó a Nuñes y Pinheiro “el formar parte de una organización criminal que, actuando de manera coordinada desde, al menos, el mes de febrero de 2022 y hasta el mes de mayo 2023 inclusive, realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados”.

Las víctimas fueron los Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, como así también, los Jueces Federales de Tribunal Oral Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Todos estos jueces participaron de investigaciones o condenas contra Cristina Fernández de Kirchner.

En la causa aún quedan muchas puntas sueltas. Por ejemplo, a mediados del año pasado, se contactó con Nuñes el usuario de Telegrama “Pr1sox”. El misionero afirmó que se trata de una persona de apellido “Helvatica” investigado en otra causa de hackeo que tiene el juez federal Sebastián Ramos.

Esos hackers giran alrededor de la plataforma “Dark PFA” que ofrecía la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), entre otros datos personales y cuyos líderes asignaba tareas y pagaban por los “trabajos”.

Giménez Uriburu, uno de los jueces que condenó a la vicepresidenta a 6 años de prisión en la causa Vialidad, reveló que mientras perdió el control de su celular recibió un mensaje que decía: “Che alguno puedo Mandarin una transf al alias de cbu julian.01 de 25 lucas que me quede afuera del homebanking y tengo que hacer la transf ahora?"

La secuencia de búsqueda de datos, hackeos y pagos habla por si sola. Así se se comprobó en la causa que luego de que Zanchetta pidiera datos personales a la empresa de antecedentes comerciales SudamericaData Group SRL, le hackearon los celulares a Hornos y Borinsky.También se buscaron datos personales de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y del secretario de Rosatti, Silvio Robles, entre otros.

Mientras se conocieron estos nuevos procesamientos, Robles pidió al juez Martínez De Georgi ser querellante en esta causa. El martes los diputados K acosaron a Robles con preguntas y chicanas en la Comisión de Juicio Político a donde había concurrido como testigo.

En un escrito, Robles detalló la secuencia de la búsqueda de sus datos personales con publicaciones periodísticas y hechos políticos que, a su criterio, responden a una maniobra. El 18 de agosto de 2022, explicó en su escrito, Zanchetta buscó su nombre “más de una decena de veces” en la base de datos SudamericanaData.

Al día siguiente se publicó la nota titulada “Vínculos especiales. Un cumpleaños en la familia judicial” en el diario Página 12. En la nota se afirmó que Robles había asistido a una reunión de cumpleaños el 15 de agosto junto a funcionarios del gobierno porteño.

Unos días después en base a esa nota, el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, se presentó ante la Corte para solicitar que Rosatti se excusase en la causa por la quita de la coparticipación federal a la CABA. El pedido de excusación y la recusación fue desestimado y la recusación del ministro Rosatti fue rechazada in limine por los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosenkrantz.

En enero pasado, y a partir de la publicación de unos supuestos “chats” difundidos el 30 de diciembre de 2022, entre D’Alessandro, y Robles se promovió un juicio político a los cuatro miembros de la Corte. El ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado ultra K Rodolfo Tailhade se ocupó de difundir los chats en las redes sociales y los medios.

Si bien el contenido y origen de esos supuestos “chats” no pudo ser verificado y quedaron judicialmente inválidos, lo que derivó en el archivo de las denuncias judiciales formuladas por dirigentes K, “se los usó en forma política”, subrayó Robles.

Por ejemplo, en el “informe preliminar” aprobado el 9 de febrero de 2023 por la comisión de Juicio Político, quedó asentado que la excusación y recusación del juez Rosatti en la causa “Coparticipación”, “se basó justamente en el artículo periodístico que fue publicado al día siguiente de las búsquedas y pedidos de informes realizados por el imputado Zanchetta respecto de la persona de Robles y que se investiga en la causa”, dijo el abogado del funcionario judicial.

En su pedido de ser querellante, Robles sostuvo que “la mencionada sucesión de hechos me lleva a presumir que la intromisión a mis datos personales no ha sido producto de una casualidad sino de un obrar criminal, que me damnifica y, por ello, solicito ser parte querellante en esta investigación”.

Pero la causa de Martínez De Giorgi tiene, también, una conexión chilena. El juez mandó un exhorto a la Justicia de Chile para que identifique quién uso un Whatsapp de ese país para hackear el celular del juez Giménez Uriburu. Se hizo desde la dirección de internet “IP 45.228.209.126, asignada al proveedor de internet llamado INDAX SPA” con domicilio en Los Ñandúes al 500 de Santiago de Chile. Otra punta para investigar.