A través del decreto 863/2022 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia pública en materia sanitaria establecida en la Ley 27.541, y extendida por el Decreto 260/2020, a raíz de las consecuencias e impacto generados por la pandemia del Covid-19.
En ese marco, el Ministerio de Salud decidió “mejorar y ampliar la capacidad de atención de todo el sistema sanitario, recurriendo a la extensión de la contratación de personal de salud jubilado o retirado; al establecimiento de regímenes especiales de matriculación y/o certificación en forma excepcional y temporaria; y a la contratación de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina”.
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— Radio Mitre (@radiomitre) July 14, 2022
La medida tiene como objetivo “sumar el aporte de profesionales y técnicos de todas las disciplinas en los distintos subsistemas de salud para fortalecer, dar robustez, y poder brindar la atención esencial y necesaria a la población. El impacto de la pandemia por Covid-19 en el sistema sanitario ha generado una demanda acumulada de seguimiento, tratamientos, pruebas diagnósticas y atención especializada que debe ser adecuadamente atendida en todo el país”.
El Gobierno recién ahora se da cuenta de que el impacto “también se sintió en la salud mental de la población, con el aumento de cuadros de ansiedad, afectación del estado del ánimo, incremento de problemáticas complejas como el suicidio y el consumo problemático de tabaco, alcohol, y otras sustancias psicoactivas y el mal uso y abuso de las tecnologías”.
Las consecuencias que produjo la pandemia “obligan a adoptar medidas rápidas, eficaces y urgentes; además de continuar desarrollando una estrategia sanitaria consensuada para profundizar la integración de los subsistemas de salud con foco en la equidad, la eliminación de barreras en el acceso y el aumento de la calidad en los servicios de salud”.
Por último, el Ministerio de Salud “autoriza la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares que no cuenten aún con los requisitos y autorizaciones administrativas previas, teniendo en cuenta la diversidad sanitaria, geográfica, socioeconómica y demográfica de nuestro país, que requiere un abordaje distintivo que contemple las diferentes realidades y permita continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria en los diferentes puntos de Argentina”.