Unas 150 personas que trabajan en distintos Juzgados Federales de Morón fueron notificadas por correo electrónico de que deben abandonar el edificio que han ocupado durante más de una década. La razón detrás de esta inminente mudanza es la decisión unilateral de la Administración del Consejo de la Magistratura de cesar el pago del alquiler del inmueble en la calle Larralde al 673 de Morón.

Este conflicto tiene raíces que se remontan al año 2003, cuando se firmó el primer contrato de arrendamiento entre el propietario, Jorge Azariu, y el Consejo de la Magistratura.

A lo largo de los años, se renovaron los contratos de alquiler, pero en 2013, se rompió el acuerdo cuando el propietario rechazó el precio ofrecido por el Poder Judicial. Desde entonces, Azariu ha alegado una deuda estimada en unos 40 mil dólares mensuales debido a la falta de pago del alquiler.

Incluso la Corte Suprema de Justicia sugirió al Consejo de la Magistratura que iniciara los trámites de expropiación del edificio, argumentando que es un bien de utilidad pública. Sin embargo, esta sugerencia no se ha llevado a cabo, dejando a los Juzgados Federales de Morón en una situación crítica.

La única alternativa que se está considerando en la actualidad es mudar los tres Juzgados a un lugar con la mitad de la superficie, ubicado a 10 cuadras en un polo industrial conocido como La Cantábrica. Esto plantea una serie de problemas, ya que implica que cualquier persona que desee presentar una denuncia tendrá que tomar al menos dos colectivos y un tren para llegar allí.

Además, la zona industrial está llena de camiones que representan un peligro para los transeúntes, no protege la identidad de los denunciantes, carece de accesibilidad para personas con discapacidad y no cuenta con espacio para detenidos.

Lo más preocupante de esta situación es que estos Juzgados manejan casos sensibles, como narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos y corrupción, entre otros. La mudanza forzada los alejará del contacto con la gente y pondrá en riesgo la seguridad de los procedimientos.

A pesar de que la decisión de la Cámara Contenciosa sobre el desalojo ha estado pendiente durante más de cuatro años, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema no han mostrado signos de querer resolver este problema hasta ahora.

Mientras tanto, 150 personas se ven perjudicadas por una decisión que parece carecer de sentido, y el actual Administrador del Consejo de la Magistratura, Claudio Cholakian, es quien tomó la polémica decisión de dejar de pagar el alquiler. La falta de espacio adecuado para oficinas y la ausencia de medidas de seguridad para casos sensibles solo agravan esta situación alarmante en el sistema judicial.