El conflicto principal comenzó hace algunas semanas con el cambio de régimen horario en los empleados públicos, en los que, por decisión de la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec con el visto bueno del gobernador Axel Kicillof, pasaron a trabajar más horas, pero eso no se vio traducido en un incremento salarial.

Esta situación ya se vive en la cartera educativa, donde los empleados están cargados de bronca por la decisión unilateral del ejecutivo bonaerense, en la que también apuntan contra los gremios. Pero, ese modus operandi, se empezaría a replicar en otros ministerios, como una especie de reforma laboral y previsional encubierta.

Uno de los principales damnificados y quienes más viene realizando reclamos son los inspectores de toda la provincia de Buenos Aires. Días atrás realizaron una manifestación con asamblea incluida frente al ministerio de Trabajo para denunciar que el Gobierno de Kicillof propone aumentar la carga horaria y bajar el sueldo.

Según denunciaron, el plan elaborado por Ruiz Malec estipula un incremento entre un 2 por ciento a un 20 por ciento, el salario para los inspectores, mientras que para los directores y la planta política alcanza a un 45 por ciento y 55 por ciento. Este ofrecimiento fue rechazado y, a través de algunos sindicatos, elevaron el petitorio para que tengan el mismo aumento que los administrativos.

De acuerdo a lo que señalaron, la propuesta original consiste en una suba salarial del 2 al 8 por ciento a la par de un incremento horario del 33 por ciento, es decir que deberían trabajar 40 horas al mes, diez más por semanas. En ese marco, desde ATE presentaron otra oferta que mantiene el mismo aumento en la carga horaria, pero el poder adquisitivo impacta un 33 por ciento más en relación al sueldo básico.

Asimismo, advirtieron que, con esta reforma laboral, quitan varios ítems del sueldo, bloquea los reclamos de los empleados que ya están jubilados y limitan la bonificación general del ministerio 678/16 para solamente cobrarlo el personal jerárquico, como así también la derogación de algunos puntos de decretos anteriores.

Por tal motivo, realizaron una movilización y una retención de tareas durante varios días en los que denunciaron que están pidiendo que los inspectores acepten a ciegas la nueva jornada laboral y reforzaron la idea de “extorsión y explotación” por parte del gobierno bonaerense.