El presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó hoy una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros importantes funcionarios del kirchnerismo por los delitos de “sedición, amenazas calificadas, violación de los deberes de funcionario público, instigación a cometer delitos e intimidación pública”.

El periodista Fernando Miguez señaló en su denuncia que, en momentos que el Ministerio Fiscal realizó la acusación contra Cristina Fernández, solicitando que sea condenada a 12 años de prisión por la causa de Vialidad Nacional, la vicepresidente resolvió que debía pasar a la clandestinidad y desoír a la Justicia.

Por este motivo, continúa en el documento al que accedió este medio, tanto CFK, como el presidente Alberto Fernández, el diputado nacional Maximo Kirchner, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, “hicieron un llamamiento a sus militantes más cercanos de La Cámpora, para que acudiera a uno de sus domicilios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así realizar una movilización que consistiría en una vigilia continua a los efectos de apoyarla y, de esta manera, despreciar lo actuado en la investigación del MPF, tildándolo de varios crímenes que tendrían que ver según ella con una falsa acusación como organizadora de una asociación Ilícita, con la cual defraudó al Estado Nacional en más de $ 5.100.000.000”.

En el transcurso de los días posteriores, los militantes cercanos a la vicepresidente (unas quinientas personas) realizaron una toma de las inmediaciones de uno de sus domicilios en la Capital Federal, el espacio público dejó de serlo para pasar a ser territorio diezmado por “militancia de la Cámpora con la presencia en el lugar de Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Eduardo de Pedro y Axcel Kicillof, entre otros” para que de esta forma se vieran anticipadas las amenazas que fueron expresadas públicamente respecto a que “si la tocan a Cristina que quilombo se va armar”.

Según asegura en la denuncia, estas desafortunadas frases fueron referidas como una advertencia contra los magistrados y el Ministerio Público Fiscal. A raíz de esto, se sitió el lugar por varias cuadras, tratando de amedrentar a vecinos y peatones desvirtuando el espacio público en un lugar al aire libre, la vía pública, para realizar un acampe incluyendo en el lugar la venta de alimentos con la instalación de garrafas de gas licuado en medio de la acera, merchandising “Cristina 2023” y así mismo convirtiendo las inmediaciones en un gran baño público al aire libre, toda vez los concurrentes utilizaron la vía pública como sanitario para sus micciones y deposiciones fecales.

Los sucesos subieron de tono hasta alcanzar la llegada de banderas, megafonía y material pirotécnico que convirtieron al espacio público en un botín de guerra, todo ello para “presionar al Tribunal del TOF Nº 2 y a sus magistrados”. Además, las amenazas vertidas durante días anteriores en que el MPF procedía a realizar la acusación en la Causa de Vialidad Nacional, donde Fernández está acusada de ser la líder de una asociación ilícita para defraudar al Estado Nacional.

Ante esto, Miguez denunció a los funcionarios del Frente de Todos por la infracción al artículo 106 de la Constitución Nacional, que refiere que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”; por “sedición”, incluido en el artículo 209, que establece “prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el Gobierno nacional, armar en una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley”.

A su vez, fueron denunciados por el art. 212 que refiere que “será reprimido con prisión de tres a seis años, el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación”.

Por el lado de Alberto Fernández, Miguez detalló que también fue denunciado por “amenazas”, después de las declaraciones del presidente en donde expresó: “Ojalá a Luciani no se le ocurra suicidarse”, haciendo clara mención a la causa del fiscal Alberto Nisman.