La situación de la empresa estatal Agua y Saneamiento (AySA), que opera en todo el Gran Buenos Aires, se torna cada vez más grave y este martes la disputa con los empleados escaló luego de que se les enviaran telegramas de despidos a 200 trabajadores de la firma.

El conflicto se suma a las denuncias de más de dos mil cooperativistas, quienes reclaman que no reciben contrataciones desde hace dos meses. Además, tras los despidos recientes, varios grupos sindicales alertaron sobre los rumores de un plan de recorte que incluiría a mil empleados más.

Desde la compañía justificaron los despidos señalando que corresponden a personal sumariado, con inasistencias injustificadas y/o que eran presuntos puestos políticos que respondían a la ex directora Malena Galmarini. Vale recordar que la tanda de despidos comenzó luego de que la empresa quedara en manos del jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Nicolás Posse.

Por otro lado, desde la vereda contraria, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) convocó para este miércoles 6 de marzo a una asamblea de delegados en la que el secretario general de AySA, Jose Luis Lingeri, anunciaría nuevas medidas de fuerza ante las cesantías ocurridas el martes, según explicó el medio Diario Sur.

En tanto, los cooperativistas que no reciben contrataciones desde hace dos meses son casi 2.500 y se encuentran sin cobrar desde enero, puesto que se les paga por trabajos ejecutados, los cuales fueron interrumpidos con la llegada del Gobierno de Javier Milei. El reclamo además señala que a los trabajadores no se le pagó por trabajos que ya habían sido ejecutados.

El La Política Online publicó en este sentido que los pagos cortaron desde la disolución del Ministerio de Obras Públicas y la asunción del Ministro de Economía, Nicolás Caputo, como el encargado de la empresa de servicios Agua y Saneamientos Argentinos.

"Venimos realizando trabajos de conexiones de redes y vinculaciones domiciliarias desde hace casi 20 años y desde la asunción del nuevo gobierno, no estamos cobrando nuestros sueldos a pesar de haber realizado los trabajos acordados", denunció César Montiel, uno de los cooperativistas.

Y señaló: "Una respuesta positiva para nosotros es que nos paguen los sueldos que nos adeudan y que nos garanticen la continuidad de las obras porque queda mucho por hacer. Son obras que no valen un dineral, de hecho, el 60% de los dos programas es garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)".