El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y su hermana Karina Menéndez, precandidata a concejal por el Frente de Todos, quedaron una vez más en medio en un escándalo judicial, en la que se los acusa de integrar una Asociación Ilícita por medio del Eco Punto, un espacio municipal donde reciben residuos reciclables.

Según consta en la denuncia presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático en la ciudad de La Plata, y a la cual tuvo acceso Buenos Aires Ahora, el funcionario y ex presidente del PJ habría usado el lugar como beneficio personal y económico, sin importar el daño ambiental que ese espacio provoca, pero, al mismo tiempo, permitiendo la propagación de enfermedades en la población más cercana al predio, transformándolo en un polo de contaminación aérea y subterránea.

Esta demanda surge a raíz de las declaraciones de un grupo de vecinos pertenecientes a la localidad de Libertad, partido de Merlo, quienes refieren que, a partir del año 2015 cuando asumieron los hermanos Menéndez, vieron como el Eco Punto se convirtió en una basural a cielo abierto, llegando a ser un sector donde se acumula basura en montañas que son visibles desde el exterior de dicho predio.

Lo manifestado por los vecinos fue corroborado por la entidad a cargo de Fernando Miguez, quien realizó una visita in situ, la cual superó las expectativas de las denuncias y más: “El basural a cielo abierto provoca contaminación ambiental, y su acumulación en el exterior y los contactos con el aire y el sol permiten que los líquidos lixiviados escurran al suelo”, sostuvo el periodista. Además, asegura que “por la gran acumulación de residuos residenciales y de todo tipo, sospechamos no existe tratamiento responsable del manejo de la basura, por lo que dichos líquidos contaminan -en principio- las napas freáticas, convirtiendo el terreno y el agua en un gran sector de contaminación directa ambiental”.

Todo esto “lesiona la salud de los vecinos, ya que, al tomar contacto con el aire, las partículas de la incineración provocan -de mínima- erupciones en la piel y demás de enfermedades respiratorias”, según refirió el denunciante. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el inicio de esta contaminación se observa en casos de bronquiolitis (afectación pulmonar y respiratoria) que, en el caso de ser continua en el tiempo, provoca alteración respiratoria crónica en la población más cercana.

Asociación ilícita y corrupción

Como si no fuera poco el tema de la contaminación y afectación de la salud de los vecinos, tanto el intendente Gustavo Menéndez, como su hermana Karina, ahora secretaria de Desarrollo e Integración Social de Merlo y precandidata a concejal por el Frente de Todos, fueron denunciados por integrar una asociación ilícita. Además, se sindican a Mauricio Canosa (secretario de Delegaciones municipales) y a Laura Canosa. También quedó involucrado el titular de la empresa de transporte Covelia, a quien vinculan con el sindicalista Hugo Moyano.

Consta en la denuncia que “las personas mencionadas son quienes, teniendo la responsabilidad del manejo de los residuos de todo tipo, vieron en sí lo que era un negocio. A esto se lo llama corrupción, porque solo buscaron una solución económica para contener el paradigma y así subsidiar -con fondos provenientes del manejo irracional de residuos- la política partidaria (que no es una política de Estado) y a grupos con estrecha vinculación con los denunciados (barra brava de un club de futbol zonal) como única solución para justificar lo que en realidad no son funcionarios probos y honestos”.

Es así que aseguran que “el Eco Punto fue usado en su beneficio personal y económico, sin importar para ello no solo el daño ambiental, sino que al mismo tiempo permitieron la propagación de enfermedades (art. 305 del rito), en la población más cercana al predio en cuestión, transformándolo en un polo de contaminación aérea y subterránea”.

Vale recordar que el ex presidente del PJ fue condenado a dos años y medio de prisión e inhabilitación especial perpetua, en el marco de la causa conocida como "Mochila verde".

La condena es por fraude a la administración pública, a raíz una serie de movimientos de dinero que derivaron en un faltante de $600.000 en el Casino Central de Mar del Plata en 2007, cuando era director provincial de Casinos.