En medio de una crisis económica que dejó a gran parte de la población bajo la línea de la pobreza y una inflación desbordada que ha minado los salarios, el Ministerio de Economía protagonizó un acto de derroche insensato al destinar la astronómica suma de 17,5 millones de pesos en un "pizza party" para la Junta de Seguridad en el Transporte.
Fue a través de una licitación privada, en donde se ordenó la contratación de servicios de catering y de lunch para una serie de eventos institucionales de relevancia nacional e internacional previstos por la JST de mayo a septiembre de 2024, servicio que será pagado con los impuestos de los argentinos.
Mientras las familias luchan para llegar a fin de mes y los trabajadores se ven sumidos en la incertidumbre financiera, el organismo que dirige Luis "Toto" Caputo, aparentemente ajeno a la realidad del país, optó por celebrar con opulencia en lugar de mostrar empatía y solidaridad con los ciudadanos afectados por la crisis.
El detalle de los servicios contratados revela el nivel de extravagancia del evento: desde bandejas de pinchos y mini empanadas hasta variedades de pizzas gourmet y ensaladas, todo acompañado de bebidas de primera marca. Mientras tanto, muchas familias luchan para poner comida en la mesa y enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos.
Además, la modalidad de contratación, una orden de compra abierta con un plazo que se extiende hasta septiembre, sugiere una falta de planificación y control en la gestión de los recursos públicos.
La indignación ante este derroche no es solo una cuestión de principios éticos, sino también de consecuencias prácticas. El despilfarro irresponsable solo socava la confianza en las instituciones y profundiza la brecha entre la "casta" y quienes sufren las consecuencias de sus decisiones, en este caso la población argentina.