La legislatura de la Provincia de Buenos Aires está en el ojo de las polémicas luego de que, en su tozuda actitud de hacer todo lo contrario al Gobierno nacional de Javier Milei, el mandatario bonaerense Axel Kicillof impulsara un proyecto para aumentar las indemnizaciones laborales, que finalmente recibió media sanción.

La medida fue aprobada por una mayoría amplia en la Cámara de Diputados y enviada al Senado bonaerense, que todavía no fijó fecha. En concreto, la iniciativa que presentó la camporista Maite Alvado junto a la diputada de extracción sindical Soledad Alonso modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agrega un carga del 6 por ciento.

Esto genera, sobre todo, perjuicio a las pymes, que deberán hacerse cargo de indemnizaciones más altas, con el consiguiente problema para los trabajadores fuera del sistema de acceder a un empleo formal. A pesar del rechazo de la oposición a Kicillof, el proyecto se aprobó en Diputados y está en condiciones de ser tratado en el Senado.

Se trata de un cambio que -mientras el gobierno de Milei busca facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo, mediante la reducción de los costos laborales- fue recibido con críticas de un sector de los libertarios bonaerense, y la oposición del PRO, la UCR, y también con un duro comunicado de las cámaras empresarias y organizaciones patronales.

De aprobarse lo que propusieron las diputadas que responden a la coalición que conduce el gobernador Axel Kicillof, el artículo 48 quedaría redactado del siguiente modo:

“Dictada la sentencia el Secretario del Tribunal practicará liquidación de capital, intereses y costas, notificando a las partes en la forma ordenada en el articulo 16, bajo apercibimiento de tenerla por consentida si dentro del quinto día no se formularen observaciones, cuyo trámite no interrumpirá el plazo para deducir los recursos correspondientes.

El monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago.”

El proyecto tuvo media sanción en Diputados y ahora está en el Senado sin fecha para su debate y aprobación, pero contaría con la mayoría necesaria para su sanción. Por eso, días atrás un comunicado conjunto de los empresarios salió con dureza a cuestionar la iniciativa. Sobre todo lo que critican es que la medida busca aplicar en la provincia de Buenos Aires el sistema porteño que, lejos de promover la creación de empleo formal, aumentó la informalidad y no creó más puestos genuinos.

“El sistema de actualización, que ya se ha utilizado en los juicios laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha conllevado a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”, indicaron en comunicado que firmaron la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco), la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (Aehg), la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y afines (Cebra). También criticaron la iniciativa la Cámara de la Recreación, la Cámara Textil de Mar del Plata, la Cámara de Permisionarios del Nuevo Centro Comercial del Puerto y el Centro de Constructores y Anexos.