Mientras la inseguridad sigue cobrándose vidas en todo el país, el Ministerio de Seguridad continúa derrochando el dinero de los contribuyentes. En las últimas horas, aprobó la compra de motos de agua y trailers destinadas a la Prefectura Naval Argentina. Por esta compulsa, el Gobierno nacional despilfarrará más de 1 millón y medio de dólares.

A través de una Licitación Pública bajo el expediente EX-2022-33542704, el organismo que comanda Aníbal Fernández solicitó la adquisición de 20 trailers y 60 motos de agua que deberán estar equipadas con luz de advertencia de falta de aceite lubricante, tacómetro, velocímetro, medidor de nivel de combustible, indicador de tiempo/distancia de autonomía de combustible, testigo de normal funcionamiento del sistema de refrigeración. Lo llamativo de esta licitación es que, más allá de que se requirieron 60 equipos, el pliego se dividió en dos renglones distintos: en uno solicitan 56 motos, mientras que en el otro piden sólo 4.

La principal empresa que se presentó en la compulsa se trata de una firma uruguaya que exporta productos a la Argentina y que es proveedora del Estado Nacional. Dispuso un presupuesto por un monto total de 1.593.580 USD, que al dólar oficial implica un gasto de $255.021.085, pero con el blue asciende a $463.731.780 (a la fecha 9/11/2021).

Otra de las empresas beneficiadas en esta compra millonaria fue Vemerkiper S.R.L., una firma que pertenece a Leandro Martín Campitelli. El empresario se hizo conocido tras realizar, en el 2020, importaciones por más de 13 millones de dólares para proveer al Estado en distintas licitaciones, durante los primeros meses de gobierno de Alberto Fernández. La empresa Vemerkiper posee 56 actividades registradas, y el principal cliente es el Estado nacional, ofertando desde alimento para perros, muebles de oficina y motocicletas hasta servicios de transporte de caudales. En esta compulsa ofertó sólo por 12 motos de agua y 20 trailers a un precio total de 559.810 USD.

En tercer lugar, la empresa importadora y exportadora Grupo Propeller S.A., cuyo presidente fue llevado a juicio por un presunto fraude, dispusieron un presupuesto de 127.400 USD pero solo por los 20 trailers. En tanto, la proveedora DM Dealers S.R.L., pidió por el mismo producto la suma de 218.200 dólares.